La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que en 2010 los agricultores y ganaderos han sido utilizados como mano de obra barata por industria y distribución.
El año que finaliza ha estado marcado por la crisis de precios en el campo, la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), los crecientes desequilibrios en la cadena de valor agroalimentaria, el relevo de Rosa Aguilar por Espinosa al frente del Ministerio y el tímido desarrollo del Plan de choque comprometido por Zapatero tras la reunión en Moncloa con la organizaciones agrarias en diciembre de 2009.
Además, se ha evidenciado la incapacidad de las distintas Administraciones para poner coto a los abusos de las grandes cadenas de distribución y dotar de seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios agrarios frente a la cruzada de la Comisión Nacional de Competencia.
“Crisis de precios y subida de costes: los bajos precios en origen, impuestos por una gran distribución que abusa de su posición de dominio sobre los productores, en un mercado que se caracteriza por el desequilibrio y la falta de regulación, han continuado en 2010, especialmente en leche de vaca y cabra, olivar, uva de vinificación, porcino y gran parte de las frutas y hortalizas”, dice la COAG.
Al derrumbe de los precios hay que añadirle la subida de los costes de producción, consecuencia directa de las maniobras especulativas que se han producido sobre todo en el mercado de los cereales. El anuncio de Rusia de frenar las exportaciones y las incidencias de la sequía y los incendios provocaron la entrada de capital especulativo al mercado de futuros de los cereales, generando una subida del producto (de hasta un 60% en el caso del trigo). Esta volatilidad de los precios se aprovechó para incrementar de manera injustificada los precios de los insumos, con fertilizantes que han subido un 60% y semillas que suben alrededor de un 50%.
COAG calificó la comunicación oficial de la Comisión Europea presentada en noviembre de ambiciosa en sus objetivos pero altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación, intervención, control de la producción, almacenamiento privado, cláusula de medidas excepcionales, control en frontera, precios de entrada, contingentes y calendarios, equilibrio en el poder de negociación en la cadena agroalimentaria, etc.). COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria, caso del recientemente ratificado acuerdo UE-Marruecos.