La comisión de Protección del Consumidor ha presentado un borrador del informe sobre la Mejor aplicación y modernización de las normas de protección al consumidor de la UE, que forma parte del nuevo acuerdo para consumidores y consiste en una revisión de cuatro directivas europeas.
Este nuevo acuerdo está destinado a abordar las diferencias significativas que persisten entre los países de la Unión Europea. Es un paso importante para que los ciudadanos tengan los mismos derechos en todos los Estados miembros.
Además, fortalecerá la protección del consumidor mediante la introducción de una reparación colectiva y la imposición de sanciones más disuasorias para las empresas que no cumplan con los requisitos. Cubrirá nuevos temas sobre los que no existe ninguna ley europea, especialmente en internet, así como en relación a la calidad dual de los productos.
De este modo, los consumidores deberán estar claramente informados sobre quién está vendiendo productos o servicios y si el vendedor es un profesional u otro consumidor, de modo que quede claro desde el principio dónde reside la responsabilidad y qué leyes son aplicables.
El nuevo acuerdo para los consumidores garantizará una mayor transparencia en los resultados de búsqueda en línea. Se informará claramente a los usuarios si los productos o servicios que se encuentran los primeros en los buscadores es debido a las ubicaciones pagadas.
Los derechos de los consumidores con respecto a los servicios digitales "gratuitos", es decir, contratos por los que no se paga dinero pero que permiten a los comerciantes utilizar los datos personales de los consumidores, también se ampliarán. Se podrán cancelar los contratos en función del uso de datos personales de la misma manera que los consumidores pueden cancelar los contratos en línea para servicios digitales de pago (antes de 14 días). Los servicios de almacenamiento en la nube, redes sociales o cuentas de correo electrónico también quedarán cubiertos.
Por otro lado, se introducirá la reparación colectiva en todos los países de la Unión. Si un gran número de consumidores se ven perjudicados por el mismo comerciante, será posible estar representados en todos los Estados miembros por organizaciones sin fines de lucro para conseguir compensación, reemplazo o reparación. Los consumidores de diferentes países de la UE también podrán agruparse de forma transfronteriza para organizar una reclamación.
El derecho a reclamar una compensación financiera o la rescisión del contrato en caso de prácticas comerciales desleales, como la comercialización agresiva o engañosa, será el mismo en toda Europa y no variará de un país a otro como sucede hoy en día.
El tercer punto se centra en las penalizaciones más disuasorias ya que las autoridades de consumo de la UE no siempre están bien preparadas para sancionar las prácticas que crean "situaciones de daño masivo" y que afectan a un gran número de consumidores en toda Europa. El nivel de penalizaciones varía y suele ser demasiado bajo como para provocar un efecto disuasorio. Por lo tanto, esta actualización dará a las autoridades nacionales de consumo el poder de imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias de manera coordinada.
Por último, se abordarán productos de doble calidad. Una de las prácticas desleales es comercializar productos con la misma marca y embalaje, al tiempo que se ofrece una composición del producto significativamente diferente, sin informar al consumidor de ello. Los estudios han demostrado evidencias de estas prácticas en la industria alimentaria.
Se engaña a los consumidores haciéndoles creer que están comprando el mismo producto cuando en realidad no es así. Siguiendo las pautas de la Comisión a partir de septiembre de 2017, el nuevo acuerdo actualizará la directiva sobre prácticas comerciales desleales.