El sector de gran consumo se ha unido para instar al gobierno a no incrementar nuevamente el IVA de los productos alimentarios ante la inminente reforma fiscal que va a llevar a cabo el Gobierno.
Así, la FIAB, AECOC, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC, FEHR, FEHRCAREM y Cooperativas Agro-alimentarias han unido sus fuerzas con el objetivo de transmitir al Gobierno las “graves consecuencias que supondría un nuevo aumento del tipo impositivo de los alimentos para la recuperación del sector”, asegura Horacio G. Alemán, director general de FIAB.
Así, todas estas organizaciones afirman que “un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, principalmente del IVA, podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía”.
La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, debe servir “para estimular la actividad empresarial, la creación de empleo y la generación de riqueza”, asegura José Mª Bonmatí, director general de AECOC.
En ese sentido, un marco fiscal más eficiente, justo y equitativo debería aliviar la carga fiscal de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación del consumo y la inversión. De lo contrario, los efectos pueden ser muy perjudiciales para la economía doméstica.
En 2012, se produjo una subida del IVA que provocó una caída media del consumo cercana al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses siguientes a la aplicación de la medida). “El compromiso del Gobierno era volver al tipo de IVA de hace dos años una vez se recuperase la senda del crecimiento”, explica Emilio Gallego, secretario general de FEHR, “en vez de la subida de impuestos que traerá consigo la reforma fiscal”, continúa Gallego.
“Después de dos subidas impositivas y la fuerte competencia internacional, un salto en la clasificación nos sacaría del mercado”, asegura el secretario general de FEHR. En este sentido, el director general de FIAB comenta que “no hay margen para la subida de impuestos indirectos”.
Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Estudios Económicos Tomillo, la opción propuesta por Bruselas para que productos de primera necesidad gravados con el tipo superreducido (4%) pasen al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen al tipo general (21%) produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción de 174.000 empleos.
Aurelio del Pino, director general de ACES, explica que “el Gobierno tiene la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo”.