La comisión de Pesca del Parlamento Europeo votará el próximo día 23 un informe que propone rechazar el protocolo que, entre otras cosas, impide la recuperación para la flota española de los caladeros de pulpo en Mauritania.
El acuerdo, firmado en 2012 por la Comisión Europea y que otorgaría al gobierno de Nouakchott 110 millones de euros anuales, obligará ahora a los buques a desembarcar sus capturas en puertos locales, contratar marineros del país africano y obtener suministros de combustible de la empresa monopolística estatal, tres factores que en el acuerdo anterior no se contemplaban y que afectan negativamente a la flota europea.
Este convenio, firmado para un periodo inicial de dos años, es de especial importancia para 24 buques dedicados a la pesca del pulpo, con base en los puertos de Vigo, Marín y Las Palmas de Gran Canaria. Aplicado provisionalmente desde el pasado mes de Diciembre, ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo en la Sesión plenaria del mes de Mayo. La Eurocámara no puede modificar los términos del acuerdo pero tiene el poder de aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.
La propuesta de recomendación, elaborada por el presidente de la comisión de Pesca Gabriel Mato (PPE), recoge un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sobre la situación del pulpo, que demuestra que esta especie actualmente no está en mal estado de conservación, sino prácticamente en niveles de biomasa de Rendimiento Máximo Sostenible (32.000Tm). El texto critica que este estudio no haya sido considerado por la Comisión Europea, que ha utilizado el asesoramiento del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), basado en datos del año 2008.
"El mismo CCTEP establece en su informe que 200 barcos arrastreros congeladores mauritanos, la mayoría de ellos con bandera de otras nacionalidades, y una flota artesanal sustancial de unas 900 piraguas, continua la pesca cefalopodera en Mauritania", indica la propuesta de recomendación. Según Mato, esta situación "genera una discriminación a la flota UE, que deber tener un trato prioritario a los recursos excedentarios".
Mato recuerda que 24 barcos cefalopoderos españoles, mayoritariamente gallegos aunque con base en Las Palmas de Gran Canaria, se han quedado "sin caladero ni alternativa", al ser una flota ya desplazada previamente de caladeros de Marruecos.
Además, el acuerdo cerrado por la Comisión Europea establece que los buques pesqueros beneficiados por el acuerdo deberán "desembarcar sus capturas en Mauritania", por lo que la propuesta de el ponente critica que esta obligación "se haya incorporado en el protocolo sin haber realizado un previo análisis de impacto socio-económico de las pérdidas que esta nueva medida va a causar en la región ultraperiférica de Canarias, donde hasta la fecha se han venido produciendo estos desembarcos".
Además, el acuerdo UE-Mauritania recoge la obligación de contratar a un 60 % de marineros mauritanos, "que en su gran mayoría carece de formación suficiente, con las implicaciones que ello supone para la seguridad a bordo y la eficiencia de la actividad pesquera", en palabras Mato.
El protocolo propuesto por la Comisión obliga al suministro de combustible por la empresa monopolística nacional, a un precio superior al de mercado. Según los cálculos plasmados en el informe, este desembolso implicaría unos 45.000 euros más por buque y año. Este cambio en los requerimientos técnicos también tiene seriamente preocupados a los mariscadores andaluces que faenan en los caladeros mauritanos.
Por todo ello, Mato propone rechazar el actual protocolo de pesca, y solicita la negociación de uno nuevo.