El director general de la empresa gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, Joaquín González, firmó con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, un acuerdo de colaboración por el que la compañía aporta 25.000 euros durante un año al programa de realojo de colectivos afectados por ejecuciones hipotecarias.
Dicho programa fue puesto en marcha por la Xunta de Galicia en el pasado mes de diciembre a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
La cifra aportada por la compañía podrá verse incrementada con el apoyo voluntario de sus trabajadores. La iniciativa, encuadrada en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, fuertemente asentado en la estrategia del grupo empresarial desde hace años, se completa con la cooperación, durante 12 meses, con diferentes bancos de alimentos para contribuir al sustento de las familias que puedan acogerse al programa de realojos del gobierno autonómico.
El convenio, que tendrá una vigencia de un año desde su firma, puede prorrogarse de acuerdo con los términos y períodos que acuerden ambas partes.
El programa activado por el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ofrece viviendas de promoción pública o en alquiler de titularidad privada incorporadas en el Programa Aluga, a colectivos sociales afectados por ejecuciones hipotecarias que cumplan los requisitos exigidos. Las condiciones se resumen en que sus ingresos no podrán ser superiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y que se trate de ejecución hipotecaria de su única vivienda. Tendrán prioridad en la adjudicación de vivienda los siguientes
colectivos: familias numerosas, unidades familiares monoparentales con hijos a su cargo, unidad familiar en la que uno de sus miembros (o parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad que convivan en la vivienda) tenga discapacidad declarada, situación de dependencia o enfermedad que lo/la incapacite para realizar actividad laboral, unidad familiar en que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y casos en los que en la unidad familiar exista una víctima de violencia de género.
En ambos casos, los adjudicatarios deberán asumir los gastos de comunidad, del Impuesto de Bienes Inmuebles y los relativos a suministros a la vivienda.
Las viviendas se concederán por el procedimiento de adjudicación directa. La cuantía de la ayuda se fijará en función del porcentaje de renta según tramo de ingresos y se concederá por períodos de 12 meses, hasta un máximo de cinco años.