Unión de Uniones denuncia que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un débil efecto desincentivador teniendo en cuenta que su importe no es elevado y que las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido. De hecho, el 68% del importe de las multas están todavía sin pagar.
En concreto, de los 11,8 millones de euros que suponen las 2.474 sanciones propuestas por AICA e impuestas por el Ministerio de Alimentación hasta diciembre de 2020, sólo se ha hecho efectivo, con datos a este mes de noviembre, el 32,4%, es decir, 3,8 millones de euros. No obstante, ello afectaría al 87% del número de multas. Se deduce, por lo tanto, que la inmensa mayoría de las sanciones pagadas son de pequeña cuantía, con una media de 1.789 euros.
Por el contrario, habría 252 infracciones recurridas en vía administrativa o judicial que no tendrían carácter de firmes y que, por lo tanto, aún no habrían sido pagadas. Estas infracciones suman un total de 7.,7 millones de euros. Igualmente, existirían otras 70 sanciones, por un importe de 253.443 euros, que tampoco habrían sido abonadas aún, sin especificación del motivo de ello.
La organización no cuestiona el derecho de cualquier ciudadano o entidad a recurrir los actos administrativos que entienda que le perjudican “pero aquí lo que está claro es que los grandes operadores, con buenos equipos legales, utilizan todas sus herramientas para retrasar o esquivar las multas y solo pagan los infractores de menor cuantía”, apunta desde Unión de Uniones.
Así, según la memoria de AICA, el importe medio de las sanciones a la distribución minorista está en los 23.050 euros; a la distribución mayorista en 1.760 euros y a la industria alimentaria en 2.093 euros. “Estos importes medios dan una idea de lo barato que está saliendo incumplir la Ley” indica desde Unión de Uniones, que añaden que “estaremos vigilantes a que la reforma aprobada suponga realmente que la multa no acaba siendo inferior al beneficio que proporciona el incumplimiento”.
