UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, ha mostrado su rechazo absoluto hacia la tasa a los operadores postales planteada por el Ayuntamiento de Barcelona, que gravará a las empresas de reparto que facturen más de un millón de euros al año, pues “se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”.
Tal y como ha explicado el presidente de la patronal, Francisco Aranda, “durante los meses más duros de la pandemia, nuestro sector fue la salvación de muchos establecimientos y pymes, pues permitió que cualquier comerciante tuviese la oportunidad de seguir llevando sus productos a todo el mundo, generando riqueza y empleo”.
“Somos la vía eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posibilidad de abrir sus fronteras y vender más allá de su barrio, por lo que esta tasa solo lastraría su competitividad”, ha defendido y ha añadido que “pese a que el nuevo tributo se fundamenta en la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad, este acabará viéndose afectado por la tasa. Aranda ha recordado que, independientemente de que sean las empresas que realizan el reparto los que se vean gravados por la tasa, los comercios que venden sus productos resultarán claramente perjudicados en términos de rentabilidad, así como los clientes que viven en las zonas afectadas, por lo que se trata de una medida inflacionista”.
Por otro lado, cabe destacar que el Ayuntamiento de Barcelona justifica esta tasa con “motivos de protección medioambiental”. “Esto resulta contradictorio puesto que la aplicación de un impuesto sobre las ventas online estimularía las compras físicas, lo que, a su vez, aumentaría los desplazamientos de particulares, incrementando la congestión en la ciudad y el impacto medioambiental”, ha sentenciado Aranda.
Asimismo, ha resaltado que “esta tasa ataca a los principios tributarios, porque el impuesto grava la actividad económica del operador postal en base a su facturación, y no el uso del dominio público como pretende defender el Ayuntamiento. Por tanto, los operadores postales deberán soportar una carga fiscal injustificada que no se ajusta a la realidad”, ha indicado.
“Los servicios postales constituyen un servicio de interés económico general de gran importancia para la economía y la sociedad en su conjunto; unos servicios que llevan años mejorando su calidad y eficiencia y que se han orientado mejor hacia las necesidades de los usuarios, manteniendo su función en la promoción de la cohesión social y territorial”, ha añadido.
Por todo ello, “consideramos que se trata de una medida antisocial, que además llega en un contexto de máxima incertidumbre y tensión económica. Incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a las empresas y, por tanto, frenar la creación de empleo; se trata de una medida que provocaría, en definitiva, una ralentización de la recuperación económica”, ha subrayado Aranda.
“No cabe duda de que las empresas del sector están completamente a favor de un uso sostenible del espacio público”, ha proseguido Aranda, “pero nunca mediante el incremento de cargas fiscales, sino a través de ayudas e incentivos que faciliten la consecución de este objetivo, que el sector logístico ya ha iniciado y con el que está plenamente comprometido”. “Lo contrario solo supone un castigo a nuestras empresas en el momento más inoportuno”, ha concluido.
