El Congreso aprobó el pasado jueves la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una norma que moderniza y mejora el ecosistema legislativo del sector con el consenso y el apoyo de las organizaciones que lo integran.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció en el Congreso a los grupos parlamentarios que «han entendido la importancia de la Economía Social» ayudando a sacar adelante la norma: «hoy aprobamos una ley importante, que quizás no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que queremos construir«.
La vicepresidenta también ha destacado que la nueva norma se ha hecho realidad «escuchando a las cooperativas, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a tantas entidades que llevan años demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria».
La Economía Social “no es un rincón menor de nuestro sistema productivo, sino una parte decisiva de la economía española; un modelo que pone en el centro a las personas, al trabajo digno, al arraigo territorial y al interés general», ha defendido la Ministra de Trabajo.
Esta ley reconoce las necesidades de un tejido económico centrado en las personas. Como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo.
La nueva norma permite además la definición y el reconocimiento explícito del Comercio Justo como sector de la Economía Social, definiendo con claridad las entidades que forman parte de la misma.
Principales novedades
Constituida como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo digno, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional y precisaba de la actualización normativa que representa esta ley, que cuenta con la incorporación de diferentes aportaciones del sector.
La Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
La ley potencia e impulsa fórmulas innovadoras de la Economía Social como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. En materia de vivienda en régimen de cesión de uso, la ley modifica la Ley de Régimen Fiscal de las cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.
La nueva normativa también adecúa y actualiza la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas. Digitaliza y adapta al siglo XXI el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías y amplía los derechos digitales de los cooperativistas.
El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos. La ley contempla la Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.
Otro de los avances más relevantes de la nueva norma es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Esto permite proteger la identidad cooperativa frente a usos instrumentales o fraudulentos, así el texto permite combatir el intrusismo en las cooperativas al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no.
Empresas de inserción
La norma, en su artículo segundo, modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.
El texto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral. Así, la ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral.
En el tercer artículo se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.
