Con el objetivo de controlar las emisiones de gases fluorados, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea se encuentran en la actualidad realizando una nueva revisión del Reglamento EU 517/2014 que regula la materia y tienen prevista una nueva adopción para el cuarto trimestre de 2023.
A este respecto, 12 entidades de toda la cadena de valor de la refrigeración y aire acondicionado del país, entre las que se encuentran Asedas, Anged, Aces y CEC, ha emitido un comunicado conjunto en el que señala que “desde la industria española queremos expresar nuestro compromiso para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero a la vez nuestra preocupación ante la postura de algunos sectores del Parlamento, que están adoptando una posición muy extrema que podría llegar a imponer consecuencias no deseadas en Europa, pero especialmente graves en países como España”.
“La climatización y la refrigeración son imprescindibles en sectores esenciales como hospitales y centros de salud, centros educativos, etc. y también en viviendas, oficinas, edificios y transporte públicos, industria, comercio, turismo, etc., los cuales se verían gravemente perjudicados”, añade el texto, que destaca el sector agroalimentario como uno de estos implicados y señala que “esta posición extrema dificultará y limitará la actividad actual de la industria debido a su dependencia de la refrigeración en toda la cadena de suministro”.
“La afección comenzaría en el nivel del productor, donde los productos necesitan mantenerse fríos antes del transporte, continuaría en el transporte refrigerado, principalmente camiones a los países del norte de Europa, y alcanza al nivel de distribución alimentaria y supermercados, en la refrigeración de expositores y almacenaje”, añade el comunicado, que recuerda que, actualmente, la mayoría de las empresas del sector de comercio minorista agroalimentario, siguen apostando por sistemas de refrigeración con alto potencial de calentamiento atmosférico, dado que las alternativas actuales a través de sistemas de CO2 o glicol suponen un mayor coste económico que la mayoría de nuestro tejido comercial formado por pymes no puede asumir. Las pymes tendrían que acometer inversiones no planificadas con lo que esto conlleva para los planes financieros a corto plazo de las empresas.
Asimismo, los firmantes señalan que en el sector agroalimentario el uso de gases refrigerantes recuperados, es prácticamente inexistente en las instalaciones, es por ello, que “creemos necesario que su uso sea fomentado/autorizado en aplicaciones para las que puedan ser válidos produciendo un ahorro efectivo tanto energético como económico para las pequeñas instalaciones de las pymes agroalimentarias, igualmente esto repercutirá en la mejora de la calidad del aire”.
En cuanto al sector de la distribución alimentaria, el comunicado explica que, en caso de llevarse a cabo la prohibición de mantenimiento de sistemas de refrigeración en este campo, “más de un 90% de los 24.000 puntos de venta de distribución alimentaria en España no podrían ser mantenidos. La reconversión de todo el parque de instalaciones a sistemas sin fluorados es sencillamente irrealizable en los plazos propuestos en las distintas enmiendas, ya que, en la práctica, la reconversión de un sistema basado en fluorados a otro que no lo está implica el desmantelamiento completo de la instalación y sustituirla por una nueva donde no se puede aprovechar ninguno de los componentes ni elementos actuales”.
“Los gases fluorados y en especial los de última generación, ofrecen una superior eficiencia energética que permitirá a España ahorrar en costes de energía y hacer que la calefacción y la refrigeración sean asequibles para los hogares, el turismo y las exportaciones de alimentos. Una prohibición de los gases de referencia podría tener un impacto negativo en la economía del país (inflación, coste de la vida, tasa de empleo local, etc.) y en las operaciones de numerosos sectores, especialmente el turismo y la agricultura, incluidas las exportaciones de alimentos”, añade.
Por otro lado, señala que esta medida no permitirá cumplir con el plan REPowerEU con el objetivo de minimizar la dependencia de Rusia ante una situación geopolítica complicada, ni con el despliegue de bombas de calor de acuerdo con el plan acordado, a la vez que se pondrían en peligro los objetivos de ahorro energético.
“Mantener el uso de las soluciones de refrigerantes (fluorados y no-fluorados) más eficientes, seguras, económicamente viables y de menor PCA e impacto medioambiental, conservando el esquema de reducción gradual de gases fluorados de la versión vigente del Reglamento, permitirá a España llevar a cabo su transición energética de una manera económicamente más sólida y sostenida en su conjunto, sus ciudadanos y las industrias básicas. Los reguladores deben impulsar textos legislativos que garanticen la neutralidad tecnológica, permitiendo a la industria satisfacer sus necesidades eligiendo la mejor solución en cada caso, entre los refrigerantes más eficientes energéticamente, sostenibles y seguros del mercado”, concluye el comunicado.
