La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Fiab, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha celebrado una mesa redonda para tratar la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales entre las empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (Directiva UTP), que se aprobó el pasado 17 de abril de 2019 y que los Estados Miembros de la Unión Europea deben incorporar a su ordenamiento jurídico interno en el plazo de dos años.
Durante la inauguración del acto, el director general de Fiab, Mauricio García de Quevedo, ha recordado que la transposición de la Directiva UTP es un tema prioritario para el sector y ha agradecido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que haya comenzado los trabajos preliminares de la transposición contando con la industria y el resto de partes interesadas.
La jornada, que ha tenido como objetivo dar a conocer el punto de vista de la Administración sobre la transposición de esta normativa europea, ha contado con la participación del director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Miguel Herrero; la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), Gema Hernández; y el subdirector de Industria y Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Sergio Sinovas.
Mauricio García de Quevedo ha destacado también el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) como organismo de control y sanción de las conductas abusivas. “La Directiva debe tener un ámbito de aplicación que cubra a todos los operadores de la cadena, independientemente de su tamaño, y las sanciones derivadas de su aplicación deben ser efectivas y disuasorias. Además, las resoluciones, tanto sancionadoras como absolutorias, deben ser públicas”, ha añadido el director general de FIAB.
Asimismo, el director general de la Federación Española de Industrial de Alimentación y Bebidas ha puesto de relieve la importancia de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) como organismo que promueve la competencia, la regulación económica eficiente y defiende el buen funcionamiento de los mercados.
“La Ley de Defensa de la Competencia dispone de medios para combatir las prácticas desleales y su aplicación al sector agroalimentario es fundamental. Dada la posición central de la industria en la cadena de valor, situada entre la producción y la distribución, necesitamos contar con condiciones justas para competir”, ha recordado Mauricio García de Quevedo.
