Facilitar la retirada de efectivo directamente en los comercios es una de las medidas que propone la CNMC en un reciente estudio elaborado a petición del Defensor del Pueblo. La institución solicitó identificar fórmulas para garantizar, en términos prácticos, la competencia en entornos donde no esté asegurada la presencia de varias entidades bancarias.
La organización recuerda que desde 2008, el 30% de los cajeros han desaparecido en España debido al cierre de oficinas bancarias y la digitalización del sector. Los habitantes de las zonas rurales, las personas mayores y quienes tienen menos competencias digitales han sido los más afectados por la exclusión financiera. La CNMC sigue con atención el desarrollo del sector financiero y su impacto en la competencia.
Para atajar esos problemas, se han puesto en marcha acciones privadas como el “Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca”, firmado por las patronales bancarias, y medidas públicas, a través de expedientes de contratación, de ayudas o de prestaciones ofrecidas por empresas como Correos.
El estudio de la CNMC analiza las citadas medidas y realiza varias sugerencias como desarrollar una regulación específica de los servicios de cashback y cash-in-shop, para implantarlos como sistemas alternativos o complementarios a los cajeros automáticos. En concreto, el cashback permite al cliente comprar en una tienda y, al pagar con su tarjeta (o aplicación), solicitar el cobro del producto más una cantidad. Esa cantidad adicional se le devolverá directamente en dinero. El cash-in-shop no necesita vincular la retirada de efectivo a una compra. A modo de cajero, en la tienda puede solicitar retirar dinero.
En este sentido, aconseja implementar programas de información y/o formación financiera sobre el uso, funcionalidad, límites y riesgos de estos dos servicios así como diseñar una solución de mercado que permita implementar el cashback y el cash-in-shop mediante tarjetas de crédito o débito, compensando y liquidando las operaciones. El uso de tarjetas los convertiría en servicios más accesibles para los colectivos vulnerables o con menos habilidades digitales, señala la entidad.
