La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) ha emitido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Entre otras cuestiones, el Anteproyecto establece una serie de obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria y otras específicas para las empresas, las entidades de iniciativa social y las Administraciones Públicas.
El objetivo de esta normativa es lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, así como la fijación de criterios comunes para la comercialización de alimentos con fechas próximas a las de consumo preferente, entre otras metas. Por ejemplo, pretende que los productos con fecha de consumo preferente próxima a vencimiento o vencida se presenten separados con bajada de precios o se destinen a la donación. También se pretende la obligatoriedad de informar al cliente de un restaurante que puede llevarse, sin coste alguno, los alimentos no consumidos.
La CNMC valora positivamente esta normativa, pues promete beneficios para todos los eslabones de la cadena alimentaria. Además, presenta importantes ventajas en el terreno del cuidado medioambiental (disminución en la generación de residuos, mejor gestión de los recursos hídricos) y social (fomento de las donaciones para consumo humano).
Recomendaciones de la CNMC
En su informe, la CNMC también ofrece algunas recomendaciones para mejorar varios aspectos del anteproyecto:
• Un pacto que regule la donación a organizaciones sociales. Establecer un mínimo de asociaciones a las que consultar por parte del agente que realiza las donaciones.
• Establecimiento de obligaciones para los establecimientos comerciales en función de su superficie. El anteproyecto establece que las comunidades autónomas deben concretar el tamaño de las superficies a las que afectarán algunas obligaciones, y se recuerda que debe hacerse de acuerdo a los principios de buena regulación.
• Obligaciones para las Administraciones Públicas en materia de contratación pública. Incluir exigencias de reducción y gestión de los desperdicios alimentarios en la contratación pública de servicios de gestión alimentaria.
• Utilización de productos que sobrepasen la fecha de consumo preferente. Mejorar la información ofrecida al consumidor sobre estos productos.
