El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha participado este lunes, en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en el que se ha abordado el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.
La Comisión Europea (CE) ha informado de las principales características del acuerdo y en su intervención, el ministro ha pedido a este organismo que se evalúen los posibles impactos sobre los distintos sectores. Asimismo, en caso de efectos negativos, ha reclamado que se arbitren medidas de salvaguardia.
El ministro ha subrayado, en declaraciones a la prensa, que “es un acuerdo moderno y equilibrado, que debe permitir abrir nuevos mercados, y sobre todo, consolidar un sistema de libre comercio basado en reglas. También es una oportunidad para muchas producciones agroalimentarias”. Además, ha añadido que “es el deber del Gobierno y del Ministerio es ayudar a los agricultores y ganaderos a afrontar el nuevo escenario con las herramientas adecuadas”.
Planas ha señalado que el proceso de ratificación del acuerdo llevará hasta dos años y después, habrá un período de ocho años para la entrada en vigor de los nuevos aranceles, por lo que hay tiempo para la adaptación.
Una PAC más medioambiental
Por otro lado, durante el Consejo, la presidencia finlandesa de turno de la Unión Europea ha presentado sus prioridades de actuación, así como su programa de trabajo en el ámbito de la agricultura y la pesca. Así, los ministros han debatido sobre los aspectos medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2021-2027.
En este contexto, el ministro ha explicado que España se encuentra en situación de sequía y ha explicado que tras unos días en Europa con registros récord de temperatura en junio, que en España han reducido aún más las previsiones de cosecha de cereal y han afectado a la ganadería, han seguido otros en los que tormentas torrenciales han tenido efectos catastróficos en algunas zonas de la Península.
Este tipo de fenómenos, ha recalcado Planas, son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático, por lo que “la futura Política Agrícola Común (PAC) post 2020 debe tener una mayor ambición climática y medioambiental, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático”.
“Una condicionalidad reforzada, eco-esquemas y compromisos medioambientales en los pagos directos y de desarrollo rural, así como un porcentaje mínimo de gasto medioambiental en el conjunto de la PAC pueden ser elementos eficaces para la transición hacia una agricultura más compatible con el medioambiente”, ha añadido el ministro español.
Azúcar y aceite de oliva
La Comisión ha presentado también durante el Consejo de Ministros un informe de conclusiones de las reuniones llevadas a cabo en el Grupo de Alto Nivel para el sector del azúcar. Según el ministro, estos encuentros han sido una buena oportunidad para constatar que, aunque reducidos, existen instrumentos en la Organización Común de Mercados que permiten permitir a las organizaciones de productores planificar la producción en caso de desequilibrios de mercado. Asimismo, ha defendido el futuro socio-económico del cultivo remolachero, para conservar el empleo y el entorno rural.
En relación a la situación del mercado del aceite de oliva, el ministro ha mencionado, en declaraciones a la prensa, los contactos de alto nivel mantenidos con la CE para abordar la propuesta de autorregulación presentada por las cooperativas. En esta iniciativa, las cooperativas han consultado a la Comisión para que se les permita el almacenamiento temporal de aceite de oliva en sus instalaciones y de forma voluntaria.
Planas ha manifestado que la actitud de la Comisión es positiva hacia esa iniciativa, si bien la Dirección General de Agricultura de la CE debe examinarlo con la Dirección General de Competencia (de la CE). El ministro ha insistido en que más allá de esa medida “hace falta ampliar el mercado” para el aceite de oliva español. España produce casi dos millones de toneladas mientras que la cosecha mundial es de cuatro millones. “Hace falta estructurar mejor el sector, regularlo mejor y también ampliar los mercados”, ha añadido.
