España es el país comunitario con más fraude alimentario en sus productos de origen, según los datos de EIT Food, organización alimentaria no gubernamental que cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
Tal y como recuerda SICPA, multinacional suiza de seguridad física y digital que trabaja desde hace años para combatir este problema, el fraude alimentario es una preocupación que cada vez afecta más a consumidores, gobiernos y productores y que implica a toda la cadena de distribución.
“Toda noticia de fraude alimentario implica siempre alarma, lo que causa un gran daño a las empresas legítimas que suministran y producen alimentos con las debidas medidas y precauciones de higiene y sanidad”, explica la compañía, que recuerda que se calcula que la industria agroalimentaria pierde cada año entre 30.000 a 40,000 millones de euros debido al fraude. Para 2050, se estima que la producción de alimentos deberá de aumentarse en un 60% para alimentar a los 9.300 millones de personas del mundo. Todo un desafío para la industria.
Tras España, el pódium lo completan Italia y Países Bajos. En concreto, EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, al rastrear el fraude del mercado del vino y las bebidas alcohólicas en España en 2019, detectó 438 millones de euros estafados. Por su parte, observando el mercado del aceite, en Europa las pérdidas relacionadas con estos fraudes se estiman en 1.500 millones de euros, en un mercado de 3.000 millones de euros.
“Esta situación tan perjudicial para el mercado y para los consumidores se debe a que las mafias se han apoderado de una gran parte del mercado, multiplicando el fraude y la falsificación, hasta el punto de convertirlo en un negocio ilícito aún más rentable que el de los estupefacientes. Para ello, estos falsificadores siguen varios métodos de funcionamiento, como la sustitución del producto original por otros parecidos de menor calidad, el etiquetado erróneo, el anuncio de falsos orígenes geográficos, pero también su mezcla con otras sustancias, en ocasiones, hasta perjudiciales para la salud”, explica SICPA.
“Además, la escalada de precios de productos básicos en los últimos meses es un escenario perfecto para que mafias, mercados ilícitos y malos en general aprovechen la coyuntura para introducir en los mercados estos productos adulterados o de procedencia dudosa que ponen en riesgo la credibilidad de las empresas y, sobre todo, a los propios consumidores”, añade la compañía, que cuenta con soluciones de seguridad material y digital para luchar contra esta lacra.
En este sentido, la marcación segura de estos productos se efectúa mediante etiquetado o marcación directa en estos productos envasados utilizando tintas de alta seguridad, en algunos casos invisibles al ojo humano, que proporcionan una robusta medida de seguridad adicional. A esta securización inicial le sigue la trazabilidad y serialización del producto, es decir, enlazar el producto no solo a una prueba de autenticidad sino también a un número de serie o código que hace que este producto sea más específico o incluso único (se le asigna un “DNI”). Ejemplos típicos son los códigos QR. Cuando tales códigos se aplican para un lote de producción o para un envío facilitan el seguimiento a lo largo de la cadena de suministro o proporcionan al cliente final esa información.
