El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha anulado definitivamente los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y el Reino de Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Tal y como señala el ejecutivo europeo, “los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas, a los que el pueblo del Sáhara Occidental no dio su consentimiento, se celebraron sin tener en cuenta los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados”, si bien añade que, “sin embargo, la expresión del consentimiento de este pueblo a un acuerdo que se aplicará en el territorio del Sáhara Occidental no tiene por qué ser necesariamente explícita sino que, bajo determinadas condiciones, puede presumirse”.
Además, explica que “el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a la aplicación de los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas en este territorio no autónomo es una condición para la validez de las decisiones por las que el Consejo los aprobó en nombre de la Unión. Sin duda, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llevaron a cabo consultas antes de la adopción de estas decisiones. Sin embargo, estas consultas no estaban dirigidas al pueblo del Sáhara Occidental sino a las poblaciones que se encuentran actualmente en el territorio, independientemente de si pertenecen al pueblo del Sáhara Occidental o no. Una parte importante de este pueblo se encuentra ahora fuera de este territorio; no era probable que estas consultas establecieran dicho consentimiento por parte de este pueblo”.
“Este consentimiento no debe, sin embargo, ser explícito en ningún caso. Se puede presumir cuando el acuerdo no crea obligaciones para los pueblos terceros a él, y este acuerdo confiere a este pueblo una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de este territorio, y proporcional a la importancia de esta explotación”, añade.
De este modo, dado que los acuerdos controvertidos claramente no prevén tal ventaja, el Tribunal de Justicia confirma la anulación de las decisiones del Consejo por parte del Tribunal General. El relativo al acuerdo de pesca expiró en julio de 2023 y, por tanto, ya ha dejado de producir sus efectos. Por lo que se refiere al acuerdo relativo a las medidas de liberalización de los productos agrícolas, el Tribunal mantiene, durante un período de doce meses a partir de hoy, los efectos de la Decisión del Consejo, teniendo en cuenta las graves consecuencias negativas para la acción exterior de la Unión que se derivarían de su cancelación inmediata y por razones de seguridad jurídica.
