El 23 de junio de 2016 se celebró en Reino Unido y Gibraltar el referéndum en el que los británicos decidieron salirse de la UE. Cuando se cumplen diez años, el mercado británico sigue siendo el tercero en importancia para el sector español exportador de frutas y hortalizas, pero se han introducido nuevas exigencias administrativas, en consecuencia, se han incrementado los costes y se ha intensificado la competencia de países terceros, según destaca Fepex.
Los datos de evolución de la exportación española de frutas y hortalizas frescas a Reino Unido entre 2016 y 2025 muestran un retroceso del volumen exportado, del 16,6%, al pasar de 1,55 millones de toneladas a 1,29 millones, mientras que el valor aumentó un 29,5%, desde 1.753 millones de euros hasta 2.270 millones de euros en 2025, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por Fepex.
Si se compara 2021, primer ejercicio tras la salida efectiva del mercado único, con 2025, el volumen cae un 14,4% y el valor crece un 8,1%. Este comportamiento evidencia que Reino Unido sigue siendo el tercer destino de la exportación hortofrutícola española, tras Alemania y Países Bajos, con 1,3 millones de toneladas y 2.270 millones de euros en 2025.
Este comportamiento apunta a un escenario de mayores precios de venta, pero también de mayores costes y de una creciente presión competitiva, por lo que el incremento del valor no puede interpretarse automáticamente como una mejora equivalente de la rentabilidad.
Tras el Brexit, Reino Unido estableció requisitos adicionales para controlar la importación de frutas y hortalizas y otros productos frescos de la UE, que han ido entrando en vigor por fases, lo que ha supuesto una mayor carga administrativa, un incremento de costes. En concreto, desde enero de 2021 y para el grueso de las frutas y hortalizas frescas se exigió la presentación de la declaración aduanera (DUA) y el certificado de conformidad de las normas de comercialización. Y estos dos requisitos han sido asumidos por los operadores.
Otro de los requisitos adicionales que se estableció en 2021 fue la obligatoriedad de que las exportaciones de frutas y hortalizas fueran acompañadas de un certificado fitosanitario. No obstante, esta exigencia se ha ido retrasando en varias ocasiones, debido a la complejidad que supondría su implementación y el alto coste derivado de estos controles.
El requisito del certificado fitosanitario no ha entrado en vigor para las frutas y hortalizas (categorizadas en riesgo medio y no riesgo), estando previsto que se implemente en enero de 2027, pero para los productos que las autoridades británicas consideraron de alto riesgo (flores y plantas y patata) sí está en vigor desde hace años.
Paralelamente, la Comisión Europea y Reino Unido están negociando un protocolo sanitario y fitosanitario (SPS) para la no aplicación de estos controles.
Este nuevo marco comercial tras el Brexit ha tenido un impacto directo en la estructura de costes del sector exportador. La introducción de certificaciones y procedimientos aduaneros ha supuesto un encarecimiento de las operaciones de exportación. También, los retrasos y la complejidad administrativa han incrementado los costes logísticos y de gestión.
El sector ha tenido que asumir costes adicionales sin trasladarlos totalmente al precio final, en un mercado tan competitivo como el inglés. Junto al incremento de costes, el gran cambio tras el Brexit ha sido el avance de los países terceros.
