El sector de la distribución alimentaria contabilizó más de 353.000 procesos de baja laboral para la Población Protegida por las Mutuas en 2024, lo que supuso un incremento del 4,5% con respecto a 2023. Estas bajas tuvieron una duración media de 46 días en 2024. Para la Población Protegida por las Mutuas, el coste total de esta situación ha sido de 1.023,3 millones de euros que suma el coste en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas y el Coste Directo para las Empresas, una cifra que no ha cesado de incrementarse desde el año 2018, cuando era de 467,4 millones de euros.
Estos son algunos de los datos del informe “Evolución de los Indicadores de Absentismo Laboral por ITCC en el Sector de la Distribución Alimentaria y España de 2018 a 2024” presentado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en la sede de CEOE, en la Jornada sobre Absentismo Laboral en el Sector de la Distribución Alimentaria, organizada por ASEDAS y AMAT, y en la que ha participado CEOE.
Según explica el trabajo, en el sector de la distribución alimentaria, la duración media de las bajas laborales derivadas de Contingencias Comunes diagnosticadas como patologías traumatológicas, que son tratadas por los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas, fue de 75 días, mientras que la duración de las mismas patologías derivadas de Contingencias Profesionales, que son tratadas por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, fue de 42 días.
Por lo tanto, en 2024, 77.000 trabajadores de la Distribución Alimentaria diagnosticados con patologías traumatológicas derivadas de Contingencias Comunes tardaron 33 días más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo. Esto supone un perjuicio para la salud de los trabajadores, para la competitividad de las empresas y para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, además de los quebrantos organizativos que conlleva para el funcionamiento normal de las empresas y la carga laboral que supone para el resto de trabajadores de las mismas. Esta diferencia puede explicarse, principalmente, por la elevada carga asistencial y burocrática que registran los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Por otro lado, las bajas laborales iniciadas por Contingencias Comunes en el sector de la distribución alimentaria supusieron, en Coste Directo para las Empresas y en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas, un gasto superior a 1.023 millones de euros en 2024, 128 millones de euros más con respecto a 2023 y 556 millones de euros más que en 2018, lo que implica un incremento del 118,8% en los últimos seis años. A nivel Nacional, el Coste Directo para las Empresas y en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas, en 2024, ha ascendido hasta los 18.109,28 millones de euros, 2.413 millones de euros más que en el ejercicio 2023, y 8.921,18 millones de euros más que en 2018, lo que equivale a un incremento del 97,09% en los últimos seis años.
A nivel Nacional, en 2024, el gasto para el total del sistema de la Seguridad Social ha ascendido hasta los 28.987 millones de euros, 3.660 millones de euros con respecto al ejercicio 2023, y 14.425 millones de euros con respecto a 2018, lo que equivale a un incremento del 99% en los últimos seis años.
En 2024, el equivalente de trabajadores del total del Sistema de la Seguridad Social que no acudieron ningún día a trabajar a los supermercados, autoservicios y distribución mayorista fue de 78.885, lo que supone un incremento del 4,56% con respecto al año anterior.
El informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) incluye una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión de las bajas diagnosticadas como patologías traumatológicas, en las que las Mutuas son expertas en su tratamiento, para ayudar a los trabajadores a recuperar lo antes y mejor posible su salud, al tiempo que se evita el uso indebido de la prestación. Entre ellas, destacan el reconocimiento de las Mutuas para prestar asistencia sanitaria integral y emitir altas médicas al menos en las patologías traumatológicas y osteoarticulares, al igual que se hace en el caso de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; evitar el establecimiento de complementos y mejoras a la prestación por baja por Contingencia Común; y rebajar el porcentaje que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la prestación, sin perjuicio de ponderación en función de la gravedad de la enfermedad o accidente, así como de su evolución.
Hacia un diálogo “sin complejos”
El informe sobre absentismo laboral en el sector de la distribución, supermercados y autoservicios se presentó en el marco de una jornada, en la que participaron Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Juan Roca, presidente de AMAT; y Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).
Durante el acto, Antonio Garamendi señaló que “la empresa siempre ha estado al frente para avanzar y mejorar en materia de prevención de riesgos laborales. Si bien, es evidente que los datos de incapacidad temporal son preocupantes y eso es algo de lo que hay que hablar. Para ello quiero poner en valor el papel de las mutuas en la solución de este problema”.
Por su parte, Juan Roca aseguró que “en 2024, 8,7 millones de trabajadores estuvieron de baja por Enfermedades o Accidentes no Laborales, lo que supuso un coste cercano a 29.000 millones de euros a nivel Nacional. Además, de los 8,7 millones de bajas en 2024, más de 1.283.000 fueron trabajadores que sufrieron un proceso de Contingencia Común diagnosticado como patología traumatológica. Si estos mismos trabajadores hubieran recibido asistencia sanitaria integral y el alta médica en los centros de las Mutuas, habrían recuperado su salud 30 días antes, y se podrían haber ahorrado más de 3.086 millones de euros, de los cuales 1.928 son con cargo a las cuentas públicas de la Seguridad Social, y otros 1.158 son con cargo directo a las Empresas”.
Asimismo, Josep Antoni Duran i Lleida destacó que “el absentismo laboral es un problema social que afecta a toda la población y, por ello, es urgente abordarlo. En los últimos años hemos tomado conciencia de que el sistema público de salud es uno de los patrimonios más valiosos que tenemos y también hemos descubierto que es vulnerable. Por ello, hay que tomar medidas para proteger la salud de los trabajadores y también para reducir el coste empresarial, el coste en productividad, el coste para el sistema de la seguridad social y nuestra propia imagen como país. En particular, nuestro sector es muy intensivo en empleo y el incremento de las bajas por incapacidad laboral se ha disparado, afectando a la operatividad de las empresas. Las soluciones -mejora de la gestión sanitaria, más medios para las mutuas, mejores medidas de control, concienciación social…- están al alcance de la mano y pasan también por la apertura de un diálogo social que aborde sin complejos este grave problema particular de la sociedad y de la empresa española”.
