La pandemia y sus restricciones han afectado fuertemente al comercio durante 2021, hasta el punto en que los establecimientos comerciales han tenido que aplicar 7,5 normas nuevas cada día, sumando un total de 2.743 durante todo el año. De ellas, 2.025 han estado relacionadas directamente con el Covid-19, lo que refleja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito.
Estas cifras suponen una ligera mejora respecto a 2020, cuando el comercio soportó un total de 3.276 normas nuevas (8,9 diarias). Sin embargo, están muy lejos de las registradas en el año 2019, que ascienden a 476; es decir, 1,3 normas diarias. Son datos facilitados por Asedas, la Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Este creciente número de normas, que ya se prolonga durante los dos últimos años, está suponiendo un gran esfuerzo económico y de personal para las empresas de distribución, que se han visto obligadas a dedicar una gran cantidad de recursos administrativos y técnicos en este aspecto. Por ejemplo, en estas primeras semanas de 2022 la gestión de las bajas laborales derivadas de la sexta ola de la pandemia ya ha supuesto para algunas empresas la necesidad de triplicar el personal administrativo dedicado a ello.
Asedas confía en que la evolución positiva de la crisis sanitaria permita reducir esta presión normativa en las próximas semanas. “El comercio en general y la distribución alimentaria en particular han demostrado desde los primeros momentos de la pandemia una gran responsabilidad a la hora de aplicar las medidas de seguridad necesarias para la protección de clientes y empleados, a menudo adelantándose a la legislación”, afirma Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.
Las normativas aplicadas al Covid han alcanzado un coste para el comercio de 514 millones de euros, según el informe Nuevos costes soportados por el sector comercial en España publicado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE en marzo de 2021.
Sin embargo, de cara al futuro preocupan los costes asociados a otras reglamentaciones, especialmente las relacionadas con el medioambiente, que están en periodo de discusión parlamentaria. Se trata del impuesto a los envases de plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros, o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría 16 millones de euros.
A ellos, hay que sumar los costes que ya se están soportando, como la tasa Sandach de residuos orgánicos, que asciende a 130 millones de euros, la sustitución del plástico de un sólo uso, que suma 42 millones de euros, o el impuesto a gases fluorados que ha costado 33 millones de euros y que se puede ampliar en un futuro próximo. Además, los costes soportados directamente por el consumidor son también importantes, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas, que alcanza los 220 millones.
La distribución está plenamente comprometida con los objetivos medioambientales recogidos en la Agenda 2030, pero defiende que la manera de alcanzarlos no es a través de una carga impositiva extraordinaria, que puede dañar la competitividad empresarial teniendo un efecto contrario al deseado.
