El límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo que el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal pretende introducir supone un ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España, según han advertido este miércoles en un encuentro virtual con los medios las organizaciones del sector comercial Anged, CEC, Acotex y FECE.
En concreto, Javier Millán-Astray, director general de Anged, ha recordado que según datos del Banco Central Europeo, “el 83% de las operaciones de compra que se realizan en España son en efectivo, diez puntos más que la media europea y representan el 60% del volumen de todas las operaciones que se hacen en el comercio”. Además, el 40% de los españoles considera muy importante el uso de efectivo”, ha añadido.
A ello se suma que el dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados, por eso, el sector del comercio señala que “no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos”, ha destacado.
La caída del consumo provocada por la pandemia y las restricciones en España (+16%) duplica a la media de la UE y ha tenido un impacto gravísimo en el sector del comercio, con más de 60.000 empleos destruidos y más de 20.000 millones de facturación perdida, ha recordado Eduardo Zamáloca, presidente Acotex, quien ha señalado que, en algunas categorías como la moda, complemento y bienes de equipo personal las ventas acumulan meses de caídas a doble dígito.
“Sin un horizonte claro de recuperación y con unas ayudas que no llegan, el comercio pide que al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas en Europa”, ha destacado.
Por ello, limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros supone una barrera innecesaria al consumo. Supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tiene un elevado coste para ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta, ha asegurado Carlos Moreno-Figueroa, portavoz CEC y secretario general de FECE, quien ha destacado que “lo que tenemos que hacer es facilitar la forma en la que los consumidores compran, no ponerles trabas”.
Por ello, si bien el comercio comparte el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España, porque penaliza la competitividad de las empresas que operan dentro de la Ley, creen “desproporcionado” implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo y a la propia libertad de elección por parte del consumidor, poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros.
Además, en sus conclusiones de marzo de 2021 relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea, el Consejo Europeo reconoce que “el efectivo sigue desempeñando un papel esencial” como “salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago”. Concluye que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios”. Una línea defendida también por el Banco Central Europeo y la Comisión y que choca frontalmente con las medidas que pretende introducir el proyecto de Ley tramitado en las Cortes, han recordado los representantes de Anged, FECE, CEC y Acotex.
