Debido al impacto del coronavirus en el comercio de la UE, Matthias Jørgensen, jefe de Unidad para América Latina de Comercio de la Comisión Europea (CE), ha destacado que se prevé que disminuya entre el 10% y 16% en 2020, de manera que las exportaciones experimenten una reducción de entre el 9% y el 15%, mientras que las importaciones de países no pertenecientes a la UE se espera que disminuyan entre el 11% y el 14%.
Así lo ha señalado durante la jornada “El comercio internacional y su papel en la salida de la crisis Covid-19”, que se ha celebrado con el objetivo de dar a conocer la agenda comercial de la UE y explicar el rol del comercio internacional en la recuperación económica, y ha contado con la participación de la Comisión Europea (CE) y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El jefe de Unidad para América Latina de Comercio de la Comisión Europea ha explicado al respecto que el multilaterismo y las cadenas de valor globales son fundamentales para hacer frente a esta crisis económica derivada de la pandemia, así como a futuras crisis, de una manera coordinada e integrada, tal y como apuesta la Unión Europea.
Asimismo, ha animado a participar en la consulta pública, que estará abierta hasta el 15 de septiembre, para la revisión de la política comercial europea. Bajo un modelo de “autonomía estratégica abierta” la Comisión considera que la UE debe reforzar su capacidad para defender sus intereses de forma independiente y asertiva, pero jamás de manera aislada o proteccionista. Es decir, debe colaborar con todos los socios a nivel mundial para encontrar soluciones globales y promover un comercio internacional sostenible y basado en el cumplimiento de reglas claras. Al mismo tiempo, tiene que defenderse aún mejor de las prácticas desleales de algunos, como por ejemplo las ayudas de estado ilegitimas o la no-reciprocidad en el acceso a compras públicas.
Por su parte, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, ha declarado que la reactivación del comercio deberá ser un factor dinamizador de la economía. “El comercio es una parte importante de nuestro PIB, casi el 35% para España”. Por ello, cuanto menores sean las barreras al comercio, mayor será su efecto expansivo en la reactivación económica mundial. La lucha por evitar barreras debe de constituir un eje de actuación, pero la lucha por la igualdad de condiciones de competencia deberá de ser otra.
“Nos enfrentamos a varios fenómenos que ya estaban presentes antes de la crisis, pero que se han acelerado, destacando las tensiones proteccionistas y la reordenación del sistema productivo con un acortamiento y regionalización de las cadenas de producción. A ello hay que añadir una mayor presencia del sector público en la economía y sus efectos en el comercio y en la inversión”, ha añadido.
La secretaria de Estado ha destacado la necesidad de actuar desarrollando medidas de gobernanza internacional que apoyen la estabilidad y predictibilidad en el ámbito de la política comercial. También considera que hay que dar un impulso a nuestras relaciones bilaterales concluyendo y poniendo en vigor acuerdos de libre comercio.
Por último, ambos ponentes han destacado las ventajas de los recientes acuerdos comerciales de la UE con Singapur (en vigor desde noviembre del 2019) y con Vietnam (en vigor a partir de agosto del 2020), y de aquellos pendientes todavía de ratificación como México y Mercosur. Entre los principales beneficios se encuentran la fuerte bajada o eliminación de prácticamente todos los aranceles, la eliminación de trabas administrativas, menos costes y pérdida de tiempo a través de reconocimientos mutuos (certificaciones o normas técnicas), así como la facilitación de inversiones y la apertura de las licitaciones públicas a empresas europeas.
Asimismo, han destacado que los acuerdos comerciales siempre respetan la legislación europea vigente y defienden las sociedades abiertas y una globalización sujeta a reglas, con especial hincapié en la salud pública, la lucha contra el cambio climático, las condiciones laborales, los estándares fitosanitarios o la lucha contra las falsificaciones de productos o la corrupción.
