Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado que Consumo va a investigar las posibles rebajas engañosas de las grandes empresas durante la conocida época de rebajas denominada Black Friday y el posterior Ciber Monday, que se celebrará durante los últimos días de noviembre.
En concreto, la Dirección General de Consumo realizará una monitorización masiva de precios y productos para detectar rebajas fraudulentas, entendiendo por tal el hecho de que los operadores suban el precio de los productos antes del ‘Black Friday’ para luego rebajarlo a su precio original, transmitiendo a las personas consumidoras la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja. Consumo advierte que este tipo de acciones supone una infracción del artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
Este año, además de las falsas rebajas perseguidas en anteriores ocasiones, el Ministerio de Consumo amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales que serán monitorizadas y sancionadas por las autoridades de Consumo. Así, durante la rueda de prensa celebrada este lunes en el Ministerio, el ministro Bustinduy ha anunciado que durante esta campaña de Black Friday se va a ampliar la monitorización a otros patrones oscuros, detectando a través de un barrido tecnológico ilícitos como:
-Precios por goteo, una técnica en la que parte del coste total del producto se oculta al inicio del proceso de compra, apareciendo cargos obligatorios (como tasas, gastos de gestión o suplementos) únicamente en etapas avanzadas. Este tipo de estrategias reduce la transparencia y puede inducir a error al consumidor.
-Técnicas de venta bajo presión, entre las que destacan los relojes de cuenta atrás irreales, mensajes de escasez falsos o cualquier otro recurso diseñado para provocar una sensación artificial de urgencia, que busca que la persona consumidora tome inconscientemente decisiones precipitadas.
-Precios dinámicos, que son aquellos que pueden modificar su cantidad durante el proceso de compra. La inspección comprobará si las empresas explican debidamente los factores que influyen en la variación de los precios.
-Precios personalizados basados en datos personales, que pueden generar situaciones discriminatorias y vulnerar los derechos de las personas consumidoras.
-Comparaciones de precios engañosas, es decir, aquellas en las que el comercio compara el precio promocional con otro que no ha sido utilizado de forma habitual en el mercado, generando la apariencia de un ahorro muy superior al real.
La investigación de Consumo estará centrada en los operadores de comercio electrónico con una especial atención a los productos del textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.
En su discurso, Pablo Bustinduy ha advertido que “ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, y que desde Consumo se van a desplegar todos los medios que sean necesarios para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores: “Ningún modelo de negocio puede basarse en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras”.
Esta nueva campaña de monitorización continúa las labores de inspección llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo en anteriores ediciones y que concluyeron este verano con siete expedientes sancionadores a operadores de comercio online por modificar los precios de forma engañosa en Black Friday, con multas de 350.000 euros, así como la prohibición de reiterar estas prácticas. Hace unas semanas, estas sanciones fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en dos autos diferentes.
Los barridos con los que trabaja la Dirección General de Consumo constituyen una herramienta útil para detectar infracciones, proporcionar información sobre el grado de cumplimiento de la normativa y contribuir a sensibilizar a las personas consumidoras sobre sus derechos. Asimismo, la información obtenida a través de los barridos es especialmente relevante en el momento actual, ya que se utilizará como información de partida en el marco del desarrollo de la nueva regulación para la protección del consumidor en el ámbito del comercio electrónico que se está abordando a nivel europeo.
