La adaptación de los sistemas de refrigeración de los supermercados y autoservicios españoles a la normativa europea sobre gases fluorados requerirá una inversión superior a los 2.500 millones de euros, según las estimaciones de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). El sector advierte, además, de que el calendario fijado por el Reglamento europeo F-Gas plantea importantes desafíos técnicos y operativos, entre ellos la escasez de mano de obra especializada y el riesgo de desabastecimiento de gases refrigerantes.
La organización subraya que la refrigeración constituye un elemento esencial para garantizar la seguridad alimentaria, preservar la calidad de los alimentos y minimizar el desperdicio, especialmente en un contexto marcado por las altas temperaturas y las sucesivas olas de calor registradas en España desde el mes de junio.
No obstante, Asedas expresa su preocupación por el calendario establecido en el Reglamento 2024/573 sobre gases fluorados de efecto invernadero (F-Gas), que obliga a acelerar la transición hacia refrigerantes con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). El sector dispone de un plazo de apenas cuatro años, hasta 2030, para reducir el uso de los gases fluorados actuales, mientras que la industria frigorífica considera más realista extender ese horizonte hasta 2032.
En este contexto, la distribución alimentaria reclama una revisión de los plazos que tenga en cuenta el grado de desarrollo de la tecnología, la disponibilidad de soluciones alternativas y las particularidades de países como España, donde las necesidades de refrigeración son mayores debido a las elevadas temperaturas.
Entre los principales obstáculos para cumplir con los plazos previstos figura la falta de profesionales especializados. Según datos de la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT), España presenta un déficit cercano a los 10.000 técnicos cualificados para acometer las reformas necesarias. Mientras el volumen de trabajo asociado a esta transición tecnológica ha aumentado un 30%, las plantillas del sector de la instalación frigorífica solo han crecido entre un 5% y un 10%.
A ello se suma el riesgo de escasez de gases refrigerantes. A partir de 2027, la reducción progresiva de las cuotas de gases fluorados prevista por la normativa europea podría limitar la disponibilidad de los refrigerantes de transición con menor PCA que actualmente permiten mantener operativas las instalaciones existentes hasta su sustitución definitiva.
Asedas alerta también del importante esfuerzo económico que supondrá la renovación de los equipos de refrigeración. La inversión estimada supera los 2.500 millones de euros y, según la asociación, la capacidad para asumir este coste puede comprometer la viabilidad de algunos establecimientos que afronten dificultades técnicas o económicas para adaptar sus instalaciones y garantizar la cadena de frío.
Esta exigencia llega, además, en un momento en el que el sector mantiene un elevado ritmo inversor. Según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025 elaborado por Retail Data y Asedas, la red de supermercados y autoservicios impulsa una inversión anual cercana a los 3.000 millones de euros destinada a aperturas y reformas. En los últimos cinco años, el 40% de la red comercial, más de 10.500 establecimientos, ha sido inaugurada o renovada integralmente, incluyendo la modernización de muchos sistemas de refrigeración que ahora deberán volver a adaptarse antes de haber completado su amortización.
Pese a estas dificultades, Asedas reafirma el compromiso del sector con los objetivos climáticos europeos y con la transición hacia una economía más sostenible. Sin embargo, considera necesario que ese proceso se lleve a cabo de forma ordenada y con medidas proporcionadas.
En este sentido, la directora de Consumo y Alimentación de Asedas, María Martínez-Herrera, señala que la asociación comparte el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 respecto a los niveles de 1990, pero defiende que «una transición ordenada con medidas proporcionadas ayudaría a que este camino sea justo para todos los operadores, especialmente pymes y países que deben hacer un esfuerzo mayor para la adaptación».
