Asedas, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ha evaluado el impacto económico que el apagón eléctrico del pasado lunes, 28 de abril, ha generado en los supermercados y en la distribución mayorista, uno de los sectores más afectados por la caída eléctrica generalizada en la Península Ibérica.
De acuerdo con sus estimaciones, la organización que representa al 75% de la distribución alimentaria en España, calcula (en una primera valoración conservadora) que el conjunto de sus empresas asociadas habría sufrido pérdidas de un mínimo de 53 millones de euros. El impacto principal se debe a los productos frescos, refrigerados y congelados que, como medida de precaución en los casos en que no se pudo garantizar la cadena de frío y la seguridad alimentaria, tuvieron que ser retirados. Por otra parte, la donación de estos productos fue inviable debido a la premura, las excepcionales circunstancias y la falta de información en las horas siguientes al apagón.
Además de la pérdida de stock, la falta de suministro eléctrico implicó un esfuerzo adicional logístico, al que hay que sumar los gastos asociados al transporte, el combustible destinado a los grupos electrógenos, los costes de la retirada de basura, el incremento de la seguridad, etc.
Asedas, consciente de la dependencia de la distribución alimentaria de la electricidad (equipos de refrigeración y sistemas informáticos, cajas, TPV, iluminación, etc…), lleva años analizando las necesidades energéticas del sector, así como las medidas para garantizar la eficiencia logística en casos de emergencia. De hecho, la pandemia supuso el mayor desafío que la distribución alimentaria ha vivido en España y puso a prueba la fortaleza y la solidez del sector (que fue, junto con Canadá, el que menor rotura de stock registró), pero también permitió detectar sus vulnerabilidades. Por ello, desde el año 2020, el sector viene pidiendo la puesta en marcha de planes de contingencia que ayuden a garantizar el funcionamiento de los supermercados y plataformas logísticas, y que no pongan en riesgo la viabilidad operativa y económica de las empresas.
Para este organización, los sucesos del pasado 28 de abril, que tensionaron al máximo la cadena alimentaria, “reflejan con total claridad la necesidad urgente de contar con mecanismos de protección real y automática para el sector estratégico de la distribución alimentaria con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población. Estos deberían tener en cuenta los resortes que deben activarse de inmediato, en el minuto cero de una crisis, para permitir el funcionamiento de las empresas. Entre otros, la movilidad de mercancías (transporte, carga y descarga, acceso a tiendas y plataformas…), la gestión de residuos y la gestión de comunicación para evitar falsas noticias y conductas de compra de acopio”.
En este sentido, considera que la redacción de la Estrategia Nacional de Alimentación, que contempla la redacción de este tipo de planes, es un gran paso adelante; pero se hace urgente materializarla en hechos concretos. En la actual situación, y tras cuantificar los daños, lo que las empresas de distribución necesitan es agilidad en la reparación de las pérdidas, que pueden afectar gravemente a la operatividad económica, especialmente, de las empresas más pequeñas.
Para Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, “la distribución alimentaria en España ha sido un ejemplo de fortaleza de servicio público y de garantía de abastecimiento de productos básicos, algo que se ha hecho más patente entre la sociedad durante las recientes crisis vividas, como la pandemia, la huelga de transporte de 2021, la erupción del volcán de La Palma, la tormenta Filomena o la Dana de Valencia. También durante el apagón eléctrico del pasado lunes, que ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de unir fuerzas para contar con un plan de crisis desde el Gobierno que nos asegure, como sector estratégico, la capacidad de operar y una protección y acciones extraordinarias ante daños en los productos o en las instalaciones”.
