Según ha destacado ASEDAS, la asociación representativa de los supermercados y mayoristas de alimentación de España, durante 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 textos normativos (leyes, reglamentos u otro tipo de normas jurídicas de distinto signo), lo que significa que cualquier comercio tuvo que conocer y ejecutar 3,8 nuevas normas cada día. De este modo, se marca un nuevo récord en la presión normativa, que no deja de crecer desde el año 2022 (desde el año 2020, si incluimos la situación excepcional derivada de la pandemia de la Covid).
“Con seis años consecutivos de incremento de la carga normativa, estamos muy lejos de las cifras pre-pandemia, cuando el número era de 476”, dijo Alberto Peironcely, director de Asuntos Legislativos de ASEDAS, que ha elaborado este estudio con datos de la consultora WorldLex. “Comprobamos que las intenciones de las Administraciones sobre conseguir una simplificación legislativa, por el momento, no se están plasmando en la realidad normativa”, añadió.
La Comisión Europea vuelve a liderar la actividad legislativa, con 453 normas (cuando en 2024 fueron 444) frente a las 958 que suman todas las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y principales ayuntamientos). En el ámbito nacional, las Comunidades Autónomas se sitúan a la cabeza, con 547 normas ante las 514 del año anterior. Y la Administración central, por su parte, registra una ligera moderación y suma 326 nuevas leyes o modificaciones, cuando el año anterior fueron 230. Las administraciones locales, se suman a la presión normativa, con la aprobación de 85 nuevas leyes, 20 más que el año anterior.
El medio ambiente y la seguridad alimentaria, a la cabeza
Por categorías, el medio ambiente repite como el ámbito en el que más se sigue regulando, y representa alrededor de un tercio del total de la actividad legislativa total. Así, 481 normas nuevas o modificadas se ocupan del medio ambiente en general, la eficiencia energética o el diseño ecológico; destacan en este ámbito las 275 de las Comunidades Autónomas y las 113 de la Comisión Europea. Entre éstas, por ejemplo, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Envases va a suponer una enorme carga para todas las empresas del sector.
La seguridad alimentaria se sitúa como el ámbito más regulado en esta última administración con 190 normas que afectan a cuestiones como el almacenamiento, conservación y transporte, los controles oficiales o la protección animal, entre otros muchos. La totalidad de las normas de este cuerpo normativo suma 282 y configura un sistema muy garantista para el consumidor de todo tipo de productos y, especialmente, de alimentación.
Cabe mencionar también la carga normativa en cuestiones laborales, que incluye gestión de recursos humanos y seguridad en el trabajo, con 138 textos en total. También destaca la actividad en temas sobre administración empresarial, con 287 normas que se ocupan sobre cuestiones tan variadas como licencias urbanísticas o inteligencia artificial. Este último capítulo es otro de los que suman una mayor actividad respecto a 2024, con 77 normas más.
Por último, en lo relacionado con “la fabricación, importación y comercio de productos” se ha legislado, especialmente, sobre cuestiones relacionadas con productos agrarios, con 27 leyes de las cuales 21 emanan de Europa, y que, por tanto, tienen un impacto en la totalidad de la cadena agroalimentaria.
Las leyes de 2025 para supermercados y mayoristas
Entre las normas con mayor huella en los supermercados y mayoristas de alimentación que se ha aprobado en 2025, cabe mencionar la Ley de prevención del desperdicio alimentario, la Ley de movilidad sostenible y la Ley de servicios a la clientela. “Todas ellas inciden en muchos aspectos que las empresas de distribución alimentaria ya aplicaban, pero amplían trámites administrativos que suponen nuevas cargas y nuevos costes”, comenta Alberto Peironcely.
De cara al año 2026, preocupan normas laborales que, en estos momentos, se encuentran en un estado incierto de tramitación, como son el control del fichaje sincronizado con la inspección de trabajo, la posible subida del salario mínimo o los nuevos permisos retribuidos por defunción o cuidado de menores. Todas generan incertidumbre en las empresas, que necesitan marcos regulatorios claros y previsibles para organizar inversiones y plantillas.
En el ámbito europeo, entre las leyes más polémicas y que más carga administrativa podrían suponer se encuentran el Reglamento sobre Deforestación y el Reglamento sobre Diligencia Debida, entre otros. En estos momentos está en diferentes momentos del proceso de tramitación parlamentaria, entre otros muchos dosieres afectados por las propuestas de simplificación lanzadas por la Comisión Europea a través de los llamados Reglamentos Ómnibus. Sin embargo, “estamos ya en el Paquete Ómnibus número 10, lo que es muy preocupante en términos de calidad legislativa: si es preciso lanzar diez normas para modificar otras ya publicadas es que algo se está haciendo mal”, dijo Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS y miembro del Comité Económico y Social Europeo.
