“El impacto económico de la transformación de las granjas a sistemas sin jaulas supondrá para los productores de huevos españoles unas inversiones totales de más de 2.300 millones de euros”, según señala la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo).
Para adaptarse a la nueva normativa, el sector avícola español reclama a la Comisión Europea que en el desarrollo de su propuesta legislativa sobre mejora del Bienestar Animal incorpore ayudas financieras con fondos adicionales a los que están contemplados en el presupuesto de la PAC, y que sean proporcionales a la inversión realizada por los avicultores.
Asimismo, Inprovo destaca que es imprescindible que la nueva normativa se sustente sobre un análisis completo e independiente, basado en evidencias científicas y técnicas sólidas, que tenga en cuenta la evaluación del impacto socioeconómico de las medidas propuestas y que ayude a entender los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas para el sector.
A raíz del Informe técnico independiente sobre el “Impacto económico de la propuesta legislativa de la UE en materia de Bienestar Animal para el sector de la avicultura de puesta” realizado por los doctores Carlos Garcés Narro y María Dolores Soler Sanchís, profesores de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Inprovo ha presentado este jueves en Valencia, en el marco de la XVI Edición del European Poultry Congress (EPC), su análisis sobre las consecuencias socioeconómicas para la avicultura de puesta española de las medidas de mejora de Bienestar Animal que estudia la Comisión Europea, dentro de la iniciativa “End the Cage Age”.
“La necesidad de unas inversiones tan elevadas para llevar a cabo la transformación podría generar dificultades de acceso a la financiación para muchos granjeros, a lo que tendríamos que añadir el encarecimiento de los préstamos por el incremento en los tipos de interés. Es necesario que la futura normativa de Bienestar Animal para las gallinas ponedoras incorpore en el mismo texto las ayudas correspondientes a todos los operadores del sector afectados por la misma, tal como anunciaron en su momento la Comisión y el Parlamento europeos, para hacer posible el cambio sin perder parte del tejido productivo, que sería difícilmente recuperable” afirma Enrique Díaz Yubero, director de Inprovo.
Esta organización señala además como medidas para mitigar el impacto de la nueva normativa, la prohibición de la construcción de nuevas instalaciones con jaulas desde el momento en el que se publique la nueva regulación, que la transformación se realice de manera paulatina, y que se establezca un plan de abandono con ayudas para aquellos productores que no deseen continuar su actividad.
En cuanto al plazo de adaptación de 10 años propuesto por la Comisión Europea, afirma que se trata de un periodo insuficiente para la mayor parte de los operadores del sector. En su lugar, la interprofesional cree necesario un plazo mínimo de 15 años, para evitar perder a las granjas con menor capacidad financiera o crediticia, que no hayan tenido tiempo de amortizar sus instalaciones más recientes. Eso prevendría situaciones de falta de huevos en el mercado.
Cambios en la densidad máxima de las granjas
Otra de las propuestas contempladas por la Comisión Europea es la reducción de la densidad de las granjas, pasando de nueve a cinco gallinas por metro cuadrado en espacios interiores, y a siete gallinas por metros cuadrado en el caso de que tengan acceso exterior.
Según el COPA-COGECA, con esta nueva medida el número de gallinas ponedoras podría descender un 13% en la Unión Europea, pasando de los 379 millones de aves actuales a un censo de 330 millones. Asimismo, la producción también se verá afectada por la ligera reducción en la productividad por gallina ponedora en sistemas sin jaulas. Así, la UE pasaría de ser excedentaria a tener que importar huevos.
Las organizaciones del sector avícola español calculan que esta propuesta supondrá para las granjas españolas una reducción de la capacidad de alojamiento de aves de un 44%. Para mantener los actuales niveles de producción, serán necesarias inversiones de 800 millones de euros, y disponer de importantes extensiones de terreno apto para su construcción. Además, los productores tendrán que realizar trámites complejos para la obtención de los permisos para la instalación de nuevas granjas, lo que supondrá una demora en los plazos para la transición.
Por ello, las organizaciones del sector avícola español valorarían positivamente mantener la actual densidad, ya que las inversiones necesarias para aplicar la norma prevista son desproporcionadas respecto al beneficio que aportan al bienestar de las aves, ya que reducir la densidad no es un factor decisivo de bienestar.
Incrementos en los costes de producción
Los sistemas de producción alternativos suponen un incremento de los costes en prácticamente todos los eslabones que participan en la producción de huevos. Según señalan los doctores Garcés y Soler, el coste de producir una docena de huevos en el sistema de gallinas sueltas en gallinero sería un 17,3% más que producirlo en jaulas, mientras que en el caso de las gallinas camperas el aumento sería del 30,9%.
Extrapolando estos incrementos a la totalidad de la producción nacional, el estudio estima un encarecimiento de casi 178 millones de euros anuales por la prohibición de las jaulas. En palabras de Enrique Díaz Yubero, “el encarecimiento de un alimento básico en la dieta española como es el huevo tiene un impacto social relevante, ya que perjudica principalmente a las rentas más bajas de nuestro país. Hay que evitar posibles situaciones de desabastecimiento o de subidas importantes de los precios del huevo, que generen distorsiones entre la oferta y la demanda y afectan, sobre todo, a los consumidores”.
Por ello, el sector del huevo considera que los plazos de transición deben ser más amplios, para favorecer un cambio progresivo tanto para los productores como para los consumidores, y evitar alteraciones en el mercado y en los precios.
Mayores costes regulatorios
El trabajo de Garcés y Soler estima también que la transición hacia sistemas de producción alternativos supondrá un incremento de los costes regulatorios cercano al 40% respecto a los que soportan los principales países terceros competidores, a lo que hay que sumar otro 16% de sobrecoste que ya asumen los productores de huevos europeos en sistema de jaulas acondicionadas, que es el de menor coste.
Uniendo ambas cifras, se concluye que producir en España huevos de gallinas sueltas en el gallinero, que sería la opción más económica, supondría un sobrecoste regulatorio de más del 55% frente a países terceros competidores. “España es un país exportador de huevos, no solo a nivel intracomunitario, sino también a terceros países, cuyos mercados se basan en precios asequibles. Con el encarecimiento en los costes de producción, muchos de ellos no podrían seguir comprando un alimento básico y necesario para su población, y se abastecerán de huevos de otros países que compiten con la producción comunitaria gracias a unos costes regulatorios claramente inferiores”, señala Enrique Díaz Yubero.
Por ello, el sector del huevo necesita protección y reciprocidad en los tratados comerciales con terceros países, medidas que evitarían la deslocalización de la producción comunitaria a países con menores costes, y mantendrían la soberanía alimentaria en un alimento básico, fresco y de proximidad como es el huevo.
“Las medidas que se adopten deben garantizar la igualdad de condiciones, necesaria para una competencia leal en el mercado. De lo contrario, será incoherente tener un sistema que pretende ser referencia mundial en bienestar animal y sostenibilidad, y que finalmente resulte insostenible económicamente y aboque a la pérdida de la producción propia y a la importación de alimentos con menores exigencias en las condiciones de producción y en la calidad, porque no cumplen la normativa europea. Creemos que no es eso lo que demandan los ciudadanos europeos”, afirma Díaz Yubero.
