El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un informe que recoge nuevas reglas para las indicaciones geográficas protegidas (IGP) de la Unión Europea con el objetivo de dotar de mayor protección tanto a los productos como a los productores.
Los eurodiputados consideran que las indicaciones geográficas (IG) deben protegerse mejor en internet. Los dominios que utilicen una IG sin contar con los derechos deberán ser cerrados automáticamente o asignarse a un grupo de productores que la utilice legalmente. Para ello, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) establecerá un sistema de alerta que controle el registro de nombres de dominio.
El Parlamento también quiere que las IG estén mejor protegidas en los productos procesados. Así, reclaman que los productos procesados que contengan un ingrediente reconocido no podrán etiquetarse con la IG a menos que los productores de la misma lo permitan.
Además, reclaman que el registro de las indicaciones geográficas sea más rápido (plazo máximo de cinco meses) y continuar bajo competencia de la Comisión. Según los eurodiputados, la Comisión tiene una experiencia agrícola única y, por lo tanto, debería continuar administrando el sistema de indicaciones geográficas, en lugar de la EUIPO.
Asimismo, las autoridades nacionales serán las que deban gestionar la mayoría de las solicitudes de cambios en los registros de IGP existentes sin que Bruselas los vuelva a revisar, con el objetivo de acelerar el procedimiento de modificación y reducir la carga de trabajo.
Por último, el Parlamento propone que los productores reconocidos tengan más derechos y apoyo financiero y cree que deberían encargarse de establecer las condiciones mínimas para el uso de las indicaciones geográficas y supervisar su uso. Los productores reconocidos también deberían poder recibir contribuciones financieras obligatorias de todos los productores del bien protegido.
El informe, que servirá de base para las negociaciones con el Consejo de la UE sobre la forma final del texto legislativo, fue aprobado por el pleno con 603 a favor, 18 en contra y ocho abstenciones.
Al respecto, Paolo De Castro (S&D, Italia) afirmó que “este texto representa una inusual buena noticia para nuestros agricultores, pues apoya un sistema agroalimentario más competitivo, sostenible e integrado en beneficio de nuestras zonas rurales. La posición del pleno pretende reflejar la evolución del sistema de indicaciones geográficas, que supone unos 80.000 millones de euros para la UE y es reconocido en todo el mundo como representante de la excelencia de nuestro sector agroalimentario. Las IG no solo simbolizan nuestro patrimonio económico y social, sino que también son una herramienta crucial capaz de crear valor económico sin necesidad de invertir fondos públicos. Gracias al mandato votado hoy, tenemos la gran oportunidad de llegar a un acuerdo ambicioso con el Consejo sobre un sistema de IG más sólido que satisfaga realmente las necesidades de nuestros productores”.
74.800 millones de euros en ventas
La UE protege las indicaciones geográficas desde la década de los 70 y en la actualidad existen en torno a 3.500, cuyas ventas anuales ascienden a 74.800 millones de euros. El valor de venta de un producto con una denominación protegida suele duplicar el de productos similares sin certificación.
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