La crisis sanitaria derivada del Covid19 ha provocado grandes problemas económicos en España. El cierre de negocios, sumado a la alta incidencia de desempleo, ha dado lugar a que el número de hogares que experimentaba inseguridad alimentaria se incremente de un 11,9% a un 13,3%, lo que suma un total de 656.418 personas más respecto a la época prepandemia.
Así lo confirma el informe Alimentando un futuro sostenible, realizado por la Universidad de Barcelona y la Fundación Daniel y Nina Carrasso. Este estudio mide por primera vez en España los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares españoles antes y durante la pandemia, revelando un incremento de la falta de acceso a una alimentación sana y sostenible en la sociedad.
Según sus datos, un total de 6.235.900 personas en todo el país sufren inseguridad alimentaria, lo que afecta a unos 2,5 millones de hogares. Esta cifra equivaldría a toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Asimismo, casi un millón de hogares (975.249), con un total de 2.438.124 personas, ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos; es decir, sufre inseguridad alimentaria grave. En resumen, el estudio estima que la inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde que empezó la pandemia.
“Las diferentes crisis (económicas y sanitaria) han afectado a la capacidad adquisitiva de las familias que no pueden acceder a la variedad alimentaria, produciendo cambios en los comportamientos alimentarios individuales, familiares y sociales y a las formas de producción, distribución, obtención, preparación y consumo de alimentos en todos los eslabones del sistema alimentario global”, explica la doctora Claudia Rocío Magaña González, investigadora de la Universidad de Barcelona y coautora del estudio.
Por otro lado, los indicadores de inseguridad alimentaria se manifiestan de forma más acusada en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo. Además pone de manifiesto que este problema también tiene consecuencias en la salud, como el exceso de peso o algunas discapacidades.
Llamada a la acción
Los resultados de este trabajo también evidencian que en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada y que el país se encuentra lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero. Y es que las prestaciones recibidas por los hogares sin recursos no parecen ser suficientes según el informe.
Un 57% de hogares reciben ayuda de la Administración Pública y un 13% de familiares, amigos o vecinos. Los apoyos en forma de alimentos o para acceder a los mismos, que llegan a un 22% de hogares españoles, provienen principalmente de familiares, bancos de alimentos, amigos o vecinos, así como de iniciativas de autoconsumo.
En los hogares que sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, además del apoyo por parte de las administraciones, las familias juegan un rol esencial ya que más del 36% de estos hogares recibe ayuda monetaria de familiares y más del 33% lo hace en forma de alimentos o expresamente para acceder a los mismos.
Por último, los resultados del estudio arrojan que un 4% de hogares declara no sufrir inseguridad alimentaria y recibe alimentos o ayuda para comprarlos (alrededor de 1.9 millones de personas).
“Este estudio nos ayuda a entender que millones de personas en España no pueden acceder a alimentos adecuados de forma rutinaria, con graves consecuencias para su bienestar y el conjunto de la sociedad”, afirma la doctora Ana Moragues, investigadora de la Universidad de Barcelona y autora principal del estudio, quien resalta que “una realidad ilustrada de forma recurrente de esto son las colas del hambre, cuya magnitud real no conocemos”.
