El Gobierno espera que la Ley de la Cadena reequilibre el reparto de valor de forma justa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno está plenamente comprometido con el cumplimiento de la Ley de la Cadena, cuya reforma, que está a punto de culminar su tramitación parlamentaria, ha sido una demanda del sector y va a ser “una gran oportunidad para reequilibrar” el reparto de valor de una forma más justa entre los distintos eslabones.

Planas ha participado en el foro “El reto de transformar el sector agroalimentario”, que forma parte del ciclo “Fondos Europeos, las claves para la recuperación” organizado por la agencia Efe y la consultora KPMG, donde ha reiterado que el sector primario juega un papel estratégico y central en la economía española.

El ministro ha asegurado que la reforma de la Ley de la Cadena ha sido una prioridad para el Gobierno, porque da respuesta a una demanda del sector y porque tiene como objetivo propiciar una cadena alimentaria equilibrada y justa. La nueva norma mejorará la capacidad de negociación del eslabón más débil, que son agricultores y ganaderos, y les permitirá obtener una remuneración digna por sus productos. El ministro ha recalcado el compromiso firme del Gobierno en su aplicación “con todos los participantes en la cadena”.

Planas ha anunciado que mantendrá una reunión con todos las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias y los demás componentes de la cadena alimentaria, industria y distribución, para comentar la aprobación de la ley y para discutir y conversar sobre el momento actual, analizar los problemas y ver las soluciones. El ministro se ha referido a la actual coyuntura del sector agrario asegurando que entiende «que hay incertidumbre y preocupación” y ha reiterado la apuesta por el diálogo como método de trabajo idóneo “para resolver dudas y buscar soluciones”.

Está previsto que la ley, que superó el pasado miércoles (17 de noviembre) su trámite en el Senado, sea aprobada definitivamente por el Congreso la próxima semana. Se trata de la segunda fase de la reforma de esta ley. La primera se realizó mediante decreto-ley en febrero de 2020, cuando se introdujo la obligatoriedad de que los precios de venta de un producto sean como mínimo iguales a lo que cuesta producirlos y de que las operaciones queden reflejadas en contratos por escrito.

En la segunda fase de la reforma se ha incorporado la directiva del Parlamento Europeo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos al objeto de amparar a los agricultores y ganaderos españoles en sus relaciones con operadores nacionales, europeos y de terceros países.

Planas ha destacado como uno de los más importantes desafíos que tiene planteado el sector avanzar hacia la sostenibilidad, para conseguir un sistema alimentario más justo y sostenible. La sostenibilidad debe tener una triple dimensión, ambiental, social y económica, ha reiterado el ministro. Para afrontar estos retos y asegurar la competitividad y rentabilidad del sector agroalimentario es precisa, según ha explicado Planas, la transformación digital, con una apuesta por la innovación, la formación y la transferencia de conocimiento.

Así, ha mencionado la nueva Política Agraria Común (PAC), con unos fondos de 47.724 millones para el periodo 2023-27; el PRTR, que en el componente para el sector primario que gestiona el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) dispone de un presupuesto de 1.051 millones de euros, y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, cuya memoria se aprobará a finales de este año o principios del próximo.

El ministro ha recordado también otras medidas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno como mantener la devolución del impuesto del gasóleo agrícola, combustible que además está bonificado, o el mantenimiento del sistema de módulos del IRPF para el sector agrario. En este punto, Planas ha recordado que en 2020 se aplicó la mayor reducción fiscal para el campo español de los últimos años, con una rebaja de la base imponible de 1.051 millones de euros.