Ayer tuvo lugar en Bruselas una Audiencia Pública ante el Parlamento Europeo bajo el titulo «La trazabilidad de los productos pesqueros en el mercado de la UE: Reglas de origen y etiquetado», en la que participaron la comisaria de Pesca de la UE, Maria Damanaki,y el comisario de Comercio de la UE, Karel De Gutch.
En dicha Audiencia, organizada por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, se desarrolló un panel sobre la trazabilidad de productos en el mercado de la UE, en el marco del cual Juan Vieites, como presidente de Eurothon, la asociación que representa a la industria atunera de la UE a nivel tanto de flota como de transformación, expuso la ponencia “Preferencias comerciales y reglas de origen: el caso del atún en Papúa Nueva Guinea”.
En la citada ponencia se expuso el gran impacto que tiene el Acuerdo del Partenariado del Pacifico y la derogación de las normas de origen que lleva aparejado para el atún, un producto muy sensible para el sector atunero comunitario, así como para los países del SPG+ y otros Estados ACP, dado que al atribuirse el origen por la mera transformación, se está fomentando la ubicación de inversiones procedentes de varios países del sudeste asiático, principales competidores del sector atunero de la UE, que ya están instalados en este país y que además han confirmado la realización de nuevas importantes inversiones en Papua Nueva Guinea, como acredita la creación del Pacific Marine Industrial Zone, en donde se construirán fábricas de conservas, muelles e instalaciones para el almacenamiento que se construirán para el servicio de buques atuneros extranjeros.
Con esta medida, los países del Sudeste Asiático se están asegurando una vía de entrada de sus productos a la UE en unas condiciones inmejorables, al beneficiarse de una concesión sin precedentes que la propia UE otorga a los Estados del Pacífico desestabilizando el equilibrio del sector atunero mundial y del mercado de las conservas de atún de la UE.
Por ello, se instó a la UE para que con la mayor celeridad articule los mecanismos necesarios y adopte las medidas oportunas para revocar esta concesión a fin de no poner en riesgo la viabilidad económico-social y el empleo de la industria atunera comunitaria, así como la de los países SPG+ y otros Estados ACP.