El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este viernes en el Consejo de Ministros, la posición de España sobre la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas, de las organizaciones agrarias y medioambientales y ha sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo.
Se establecen así las prioridades de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el momento en el que las negociaciones para la reforma de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar. En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores.
España apoya la reforma de la PAC, ya que, según el Ministerio, “una política tan importante debe reflejar los grandes desafíos globales, particularmente los ligados al clima y al medioambiente, pero también los relacionados con la salud, la nutrición, el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario”.
Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE- 27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.
Asimismo, España comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.
La propuesta de la CE sobre la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.
Plan Estratégico Común
Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.
La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.
En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.
También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.