Pedro Luis Uriarte Santamerina ha presentado al Consejo de Administración de Lar España su dimisión como consejero independiente, así como de los restantes cargos que hasta la fecha, ocupaba en el Consejo: vocal y presidente de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad. En sustitución de Uriarte ha sido elegida Leticia Iglesias Herraiz.
Uriarte ha tomado esta decisión por “motivos estrictamente personales y familiares que le impiden seguir desempeñando sus cargos”. No obstante, ha querido hacer constar su “satisfacción por haber ocupado los referidos cargos y por haber participado en el lanzamiento y consolidación del proyecto de Lar España, formando parte de un Consejo de Administración integrado por miembros con una alta cualificación profesional y personal”.
Ante esta vacante, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado designar a Leticia Iglesias Herraiz como consejera de la sociedad, con la categoría de independiente, a través del procedimiento de cooptación. Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado la designación de Iglesias como vocal y presidenta de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad.
El Consejo de Administración considera que “la amplia experiencia de Iglesias y su sólida trayectoria profesional, en la que ha ocupado cargos como subdirectora de la dirección adjunta a presidencia y de supervisión de entidades de crédito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, directora general del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y consejera independiente, vocal de la comisión ejecutiva, vocal de la comisión de auditoría y presidenta de la comisión de riesgo global de Banco Mare Nostrum, (BMN), entre otros, hacen de ella la persona adecuada para ocupar el cargo de consejera de Lar España y los de vocal y presidenta de la Comisión de Auditoría y Control de la Sociedad”.
La incorporación de Iglesias supone, además, que el porcentaje de consejeras en el consejo de administración se sitúe prácticamente en el 30%, favoreciendo así el cumplimiento del objetivo establecido en el código de buen gobierno de las sociedades cotizadas y en la política de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros de la sociedad, que exige que dicho porcentaje se alcance en el año 2020.