La venta de artículos falsificados le cuesta cada año al comercio cerca de 40.000 empleos perdidos, además de 6.175 millones de euros en pérdidas, un 9,3% del volumen total de ventas, según los datos publicado por la EUIPO, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que recuerda que estas cifras se traducen en 133 euros perdidos por habitante.
Desde la CEC y Andema, Asociación para la Defensa de la Marca, han querido insistir en que los productos falsificados no pasan ningún tipo de control de calidad y seguridad, afectando por tanto seriamente los intereses y garantías de los consumidores.
En concreto, el secretario general de la CEC, José Guerrero, ha advertido que “la venta de falsificaciones incide seriamente sobre las ventas del pequeño y mediano comercio”. Además, según recogió ya un informe de la Comisión Europea, la distribución y venta de falsificaciones constituye una de las actividades predilectas del crimen organizado, y disminuye los ingresos en impuestos debido a la caída de ventas declaradas y legales.
Para ambas asociaciones, la solución para terminar con la venta de falsificaciones pasa por una voluntad política a todos los niveles, pero también por la concienciación; José Antonio Moreno, director general de Adema, ha afirmado que “debemos ser consumidores responsables, comprando en comercios lícitos que generan empleo y pagan impuestos”.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa y la Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Industrial, el comercio mundial de falsificaciones se eleva a 338.000 millones de euros al año, lo que representa el 2,5% del comercio mundial. La importación de productos falsos equivale ya al 5% de las importaciones de la Unión Europea.