El próximo 23 de junio se celebra el referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, conocido popularmente como Brexit. Si el resultado no es favorable, habrá consecuencias para las transacciones transfronterizas de los comerciantes online en Europa y los peligros que presenta.
“El Brexit puede suponer un salto hacia atrás para el comercio electrónico en Europa. Gran Bretaña forma parte de los mercados más fuertes de la UE, y con la llegada del Brexit, una importante parte del mercado interior desaparecería”, señala Rafael Gómez-Lus, experto Legal de Trusted Shops en España.
Aunque los británicos seguirían siendo miembros de la UE durante un tiempo, los comerciantes online deberán adaptarse a esta nueva situación ya que el Brexit supondría un trato propio de tercer país para Reino Unido.
Según Trusted Shop, otras consecuencias para el comercio electrónico en España de la salida del Reino Unido de la Unión Europea serían los impuestos de aduana. Los clientes de comercios españoles que vivan en Gran Bretaña tendrían que pagar impuestos de aduanas e impuesto sobre el valor añadido sobre la importación por las compras realizadas en España. Esto significa que las compras transfronterizas serán más caras, por lo que serán menos atractivas para los clientes de Reino Unido, y en caso inverso sucede lo mismo. Además la burocracia se complicaría.
En el caso de los pequeños y medianos comercios, les podría resultar difícil soportar los costes, ya que no les resultará tan fácil como a las grandes empresas el desarrollar cooperaciones estratégicas bilaterales y cooperaciones en el ámbito de la distribución.
En cuanto a la protección de datos también se consideraría a Reino Unido como tercer país. Apenas habrá cambios notables en lo referente a la transferencia de datos a los proveedores de servicios británicos, puesto que no cabe esperar que el Reino Unido pase a formar parte de la lista de países «seguros». A estos países se les aplican, conforme a las normas de la UE, las de un nivel adecuado de normas relativas a la protección de datos, por eso la transferencia de datos se tratará como un intercambio dentro de la UE. Pero esto es algo que tampoco se considera seguro.
En caso de salida, con el correspondiente acuerdo, los tribunales británicos no tendrían que orientarse por las sentencias del TJE. Esto podría, con el tiempo, ocasionar divergencias en cuanto a la interpretación de normas armonizadas, así como de la legislación futura. No se puede excluir una modificación drástica, ya que hasta la fecha el Reino Unido, en la mayoría de los casos, apenas ha hecho uso del margen de flexibilidad en la aplicación de las normativas relevantes para el comercio electrónico.
Además, se estipularía un plazo de dos años como “plazo de preaviso de extinción de contrato”. Durante este tiempo deberían llevarse a cabo negociaciones sobre el acuerdo de salida. El resultado de esta negociación determinará qué repercusiones concretas podría tener el Brexit tanto para el Reino Unido como para la UE. Los comerciantes deberían realizar un seguimiento minucioso de los las negociaciones entre la UE y Gran Bretaña y aprovechar este tiempo para analizar el papel del mercado del Reino Unido para su negocio.
En el peor de los casos desaparecerían completamente todos los privilegios que el mercado interior europeo ofrece. En este caso, cuando un consumidor español compre en una tienda online británica por un valor superior a 22 euros se aplicará el impuesto sobre el valor añadido sobre la importación del 21%. Si el consumidor realiza un pedido por un valor superior a 150 euros, tendrá que pagar tanto los impuestos sobre el valor añadido sobre la importación como los aranceles. Además, se podría dar el caso de que algunos productos no se puedan comprar ya que solo pueden comercializarse legalmente en la UE cuando llevan la declaración CE de conformidad.
En el mejor de los casos, si el Brexit llega, pero la UE y el Reino Unido contraen una especie de acuerdo de libre comercio se podría producir una adhesión al Espacio Económico Europeo, como es el caso de Noruega. Esto quiere decir que Reino Unido debería armonizar la legislación en el marco de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital y reconocer la soberanía de la legislación europea en estos ámbitos legislativos. En tal caso se mantendrían las ventajas del mercado interior comunitario, salvo algunas excepciones.