Las consejerías de Economía y Empleo y de Agricultura y Ganadería de Castilla y León han desarrollado un plan de apoyo financiero con distintas entidades de crédito y con la sociedad de garantía recíproca Iberaval para empresas proveedoras de Campofrío tras el incendio de sus instalaciones el pasado mes de noviembre.
Los destinatarios de este apoyo financiero son las empresas, pymes y autónomos de la Comunidad que tienen un porcentaje significativo de facturación ligado a la actividad de Campofrío como empresas suministradoras, de transporte, servicios de apoyo industrial, ganaderos y proveedores, entre otros. Estas empresas pueden tener problemas transitorios de tesorería y, en general, complicaciones en su situación financiera tras el siniestro del pasado 16 de noviembre que ha afectado la producción cárnica de la multinacional.
En el convenio, se contempla también financiación para aquellos proveedores indirectos o de segundo nivel cuya actividad se vea afectada por el siniestro. De esta forma, el número total de destinatarios potenciales de este programa se estima en más de 400 autónomos o empresas.
Los préstamos se realizarán por nueve entidades financieras: Caixabank, Cajaviva, Ibercaja Banco, Caja España-Duero, Banco Santander, Bankia, BBVA, Banco Popular y Banco Sabadell. Estas entidades forman parte del Consejo Financiero de Castilla y León, foro de diálogo, análisis y debate entre la Administración de la Comunidad y las principales entidades del sector financiero en la Comunidad puesto en marcha en mayo de 2014.
El plan se centra en líneas de financiación preferente o ‘préstamos blandos’ para la financiación de circulante con el objetivo de atender las necesidades de tesorería a corto plazo, la refinanciación de pasivos para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras previamente contraídas, y la financiación de nuevas inversiones para modernizar las instalaciones en un momento de caída de la actividad.
Las líneas de financiación pueden ascender hasta un importe máximo de 300.000 euros con un plazo máximo de cinco años, un período de carencia de hasta 18 meses y con un interés que no superará el Euribor +2,5 %.
