El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el nuevo Código Penal, que será aprobado a principios de 2015, recogerá las enmiendas planteadas por las organizaciones empresariales destinadas a poner freno a los hurtos llevados a cabo por profesionales, bandas organizadas o delincuentes multireincidentes.
Según un estudio elaborado por AECOC, más del 81% de las compañías de gran distribución alertan de que los hurtos corren, en su mayoría, a cargo de bandas organizadas o ladrones profesionales, lo que confirma que el perfil de los ladrones se aleja del “hurtador famélico”.
“El Ministerio de Justicia es totalmente sensible a las peticiones que las empresas del gran consumo vienen realizando desde hace años para tratar de reducir el impacto que anualmente les causan los hurtos comerciales”, explica Catalá.
Los hurtos comerciales suponen pérdidas de 1.600 millones de euros anuales para las empresas del sector y representan un 0,8% de la facturación global. Por ello, Catalá ha confirmado el compromiso del Gobierno en la lucha contra este problema, que resta competitividad al sector de la distribución.
José Mª Bonmatí, director general de AECOC, asegura que este problema “obliga a las empresas a destinar recursos económicos a la prevención de las pérdidas, limitando así su capacidad competitiva y de generación de empleo”.
Más de la mitad de las empresas que participan en este estudio afirma que denuncian menos del 15% de los casos de hurto que detectan en sus establecimientos debido a la escasa efectividad de las condenas, seguido del excesivo tiempo en los trámites para hacer efectiva la denuncia. Según datos de AECOC, las empresas dedican al año 400.000 horas a la gestión de este tipo de incidentes.
Asimismo, un 80% de las empresas del sector valora negativamente la eficacia del actual Código Penal. Hecho que denota la desprotección que sienten las empresas ante un Código Penal que califican de demasiado indulgente. Las empresas de gran consumo coinciden en destacar que actualmente no se tiene en cuenta el agravante de la reincidencia, así como el elevado importe que debe tener el producto hurtado (400 euros) para considerar la acción como un delito en lugar de cómo una falta.