No se justifica la necesidad de una medida de inversión específica para el sector vitivinícola, al existir ya el apoyo representado por las medidas de política de desarrollo rural, según un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
El informe cuestiona igualmente el papel de las ayudas a la promoción de vinos de la UE pues suelen emplearse para consolidar mercados y no para captar otros nuevos o recuperar los antiguos.
“La coexistencia de medidas de inversión similares de dos regímenes distintos constituye una fuente de complejidad, que en algunos Estados miembros ha causado retrasos de ejecución o una restricción excesiva del ámbito de aplicación de las inversiones subvencionables”, ha declarado Jan Kinšt, miembro del TCE responsable del informe.
“Asimismo, cuando la contribución de la UE alienta a las empresas a reducir proporcionalmente sus propios fondos destinados a medidas de promoción, termina subvencionando parcialmente sus costes operativos. Ello no representa un uso eficiente del dinero público”.
Los auditores de la UE constataron que no se dispone de suficiente información pertinente que demuestre los resultados atribuibles directamente a las medidas. Los efectos de la medida de inversión no pueden disociarse fácilmente de los efectos de las inversiones de desarrollo rural. En lo relativo a las acciones de promoción, la fiscalización reveló que, a pesar del crecimiento de las exportaciones en términos absolutos, los vinos de la UE han perdido cuota de mercado en los principales terceros países objetivo de las acciones de promoción y que han aumentado asimismo las exportaciones de vinos no subvencionables.
Los Estados miembros gastaron entre 2009 y 2013 un total de 522 millones de euros de fondos europeos en la medida de promoción, que en el período de programación 2014-2018 recibirá un importe sustancialmente más elevado,1.156 millones de euros. Habida cuenta de su dificultad de gastar el presupuesto fijado inicialmente para acciones de promoción, existe el riesgo de que el presupuesto del período 2014-2018 se haya fijado en un nivel demasiado alto, poniendo así en peligro la aplicación de los principios de buena gestión financiera.