La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para luchar contra las prácticas comerciales agresivas en toda la UE, tales como las falsas ofertas «gratuitas», la publicidad utilizando productos «señuelo» que luego no pueden suministrarse y las exhortaciones dirigidas a los niños.
Cinco años después de su entrada en vigor, la Comisión ha revisado la aplicación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y ha anunciado planes para intensificar la aplicación de las normas de forma que aumente la confianza de los ciudadanos al hacer sus compras en el mercado interior europeo.
La iniciativa forma parte de la acción de la Comisión para reforzar la confianza de los consumidores en la Agenda del Consumidor Europeo. Si compran en línea en todo el territorio de la UE, los consumidores pueden beneficiarse de hasta dieciséis veces más productos entre los que elegir, pero el 60 % de los consumidores aún no lo están aprovechando. De este modo, los consumidores no aprovechan plenamente las posibilidades de elección y los precios más bajos que ofrece el mercado único. La mejora de la confianza de los consumidores al garantizar un mejor cumplimiento de las normas puede dar un impulso fundamental al crecimiento económico en Europa. De hecho, las encuestas muestran que ahora hay más consumidores interesados en realizar compras transfronterizas y están dispuestos a gastar más dinero de esta forma que en 2006, cuando las normas de la UE aún no habían entrado en vigor.
La vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, ha declarado que “el gasto de los consumidores representa el 56 % del PIB de la UE, pero la falta de confianza de estos en las compras transfronterizas en la UE hace que aún no estemos aprovechando el pleno potencial del mercado único”. Y agrega: “contamos con unas buenas normas en lo relativo a la protección de los consumidores, pero debemos asegurarnos de que se cumplan mejor, especialmente en asuntos transfronterizos. Quiero que haya tolerancia cero para los comerciantes deshonestos, de modo que los consumidores sepan exactamente lo que compran y no sean víctimas de estafas. Esto también implica un enfoque coherente a la hora de aplicar el mismo conjunto de normas”.
Gracias a la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, los órganos nacionales de protección de los consumidores han podido frenar una amplia gama de prácticas comerciales desleales, como la información engañosa a los consumidores o la utilización de técnicas agresivas para influir en sus decisiones a la hora de elegir. Al sustituir 27 regímenes nacionales por un único conjunto de normas, la Directiva ha simplificado la normativa sobre prácticas comerciales desleales, facilitando a los consumidores el conocimiento de sus derechos, con independencia del lugar de la UE donde realicen sus compras. Pero tanto los consumidores como los comerciantes se siguen enfrentando a la incertidumbre de saber cómo van a aplicar estas normas los diferentes organismos nacionales responsables.
En 2010, cuatro de cada cinco compradores en línea de la UE (el 81 %) utilizaron una página web de comparación de precios. Sin embargo, estas herramientas solo pueden ayudar a aumentar la confianza de los consumidores si facilitan información clara y precisa, lo cual no es necesariamente el caso ahora mismo. Algunos interesados han señalado problemas con las páginas web de comparación de precios, en particular en relación con la transparencia y el carácter incompleto de la información facilitada.
Es más, problemas recurrentes o prácticas comerciales nuevas, como las que se desarrollan en internet, a menudo tienen una dimensión transfronteriza y plantean las mismas cuestiones a los organismos nacionales. Por ello es necesario un enfoque más coherente a la hora de aplicar las normas.
Por ejemplo, un organismo de control nacional impuso una multa a una empresa líder en el mercado de los dispositivos electrónicos por cobrar a los consumidores al ofrecer una garantía de dos años en sus productos, a pesar de que los consumidores ya tienen derecho a ese servicio gratuitamente en el marco de la legislación de la UE. Dado que en otros Estados miembros han surgido problemas similares, la vicepresidenta Reding escribió a todos los Ministros de Consumo para llamar la atención sobre este asunto y preguntar por las medidas adoptadas a nivel nacional para que se apliquen las normas. Sus respuestas pusieron de manifiesto la falta de coherencia a la hora de interpretar la Directiva y de hacerla cumplir por parte de las autoridades nacionales.
Se ha detectado que los principales sectores en los que los consumidores sufren perjuicios y requieren mayores esfuerzos son los de viajes y transporte, el digital, el de los servicios financieros y el inmobiliario. Además, las autoridades responsables del cumplimiento de la legislación deben examinar más detalladamente las quejas de los clientes minoristas en materia medioambiental, que son a menudo de carácter muy general, vagas y no siempre se usan de manera responsable.