El Reino Unido ha confirmado que iniciará este otoño negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un acuerdo en materia sanitaria y fitosanitaria (SPS), con el objetivo de simplificar los trámites en frontera y abaratar los costes de exportación de productos agroalimentarios. El anuncio llega tras años de quejas por parte de empresas del sector alimentario, que han visto cómo la salida del mercado único y la implantación de nuevas normas tras el Brexit han elevado significativamente sus costes operativos y reducido su competitividad en la UE.
Nick Thomas–Symonds, ministro de Hacienda del Reino Unido, ha explicado que desde 2019, las exportaciones británicas al mercado comunitario han caído cerca de un 20%, según datos oficiales. Las compañías del sector agroalimentario son de las más afectadas por la burocracia y los costes adicionales asociados a la exportación.
Actualmente, cada envío de productos como carne o pescado requiere de un certificado sanitario —unos 200 libras por consignment—, a lo que se suman los tiempos de espera y tasas de inspección, que pueden alcanzar 149 libras por lote. En casos de muestreo, los gastos pueden superar los 1.400 libras por envío, incluyendo producto perdido y costes administrativos.
El propio DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) ha reconocido que estas trabas impactan con especial dureza en las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos capacidad para absorber los sobrecostes.
Un acuerdo con implicaciones para retailers y consumidores
El acuerdo SPS previsto busca alinear parcialmente los estándares británicos con los europeos en materia alimentaria, reduciendo la frecuencia de los controles fronterizos. Para los exportadores, supondría un alivio económico y logístico; para los retailers, una oportunidad de recuperar surtido y variedad en los lineales.
De alcanzarse, el acuerdo podría rebajar los precios en origen, optimizar la cadena logística y devolver competitividad a los exportadores británicos en el mercado europeo, su principal destino comercial.
El Gobierno británico prevé cerrar la negociación y llevar la propuesta al Parlamento antes de 2027. El calendario incluye un paquete legislativo que permitiría aplicar las nuevas medidas de forma progresiva.
La industria alimentaria y de gran consumo permanece a la espera de resultados concretos, consciente de que una reducción de la burocracia aduanera no solo aliviaría a productores y distribuidores, sino que también repercutiría en un mayor valor añadido para el consumidor final, con precios más competitivos y mayor disponibilidad de productos europeos y británicos en el retail.
