El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido este viernes en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado para exponer las líneas generales del MAPA para la XIV Legislatura y explicar las medidas adoptadas por su Departamento durante la crisis sanitaria del Covid-19.
El ministro ha asegurado que su Departamento tiene por delante un plan de trabajo ambicioso, en cuyo desarrollo espera contar con la colaboración de todos los sectores. Entre los principales retos para los próximos meses de la legislatura ha citado completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria y la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
“La situación vivida por la crisis sanitaria nos ha servido para reflexionar sobre el buen funcionamiento y la resistencia que ha demostrado el conjunto de la cadena alimentaria, que ha trabajado a pleno rendimiento para garantizar el suministro alimentario a la población”, ha señalado Planas.
De cara a la presente legislatura, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera en la Unión Europea que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles y garantizar así el futuro de un mundo rural vivo.
En la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro.
Por otra parte, el ministro ha destacado el valor de la PAC como una herramienta estructural para el desarrollo del sector agroalimentario. El Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
En este contexto, Planas ha señalado que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible.
En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo. El Gobierno trabajará para lograr un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales.
Actuación en materia pesquera
Por otro lado, el ministro ha expuesto las principales líneas de actuación previstas para la presente legislatura en materia pesquera, que se enmarcan en la apuesta del Gobierno por un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental.
Ha destacado el esfuerzo del sector que se ha adaptado a grandes desafíos a los que ha tenido que hacer frente como la prohibición de los descartes o alcanzar el rendimiento máximo sostenible en la mayoría de las especies comerciales que aprovecha el sector pesquero español en el Atlántico y que ha permitido, sobre la base de la sostenibilidad, mantener una actividad muy importante y de importancia económica para los municipios costeros.
Otro de los grandes retos en materia pesquera para los próximos años será mejorar la gestión y aprovechamiento de los recursos del mar Mediterráneo. Para ello, ya se han introducido cambios en la gestión pesquera para propiciar la recuperación de las pesquerías. El ministro ha recordado que desde el 1 de enero ya está en vigor el reglamento comunitario de ordenación del sector pesquero en el Mediterráneo y que, si España no quiere ser sancionada, tiene que aplicarlo. Ha asegurado que se trata de un sistema de aplicación progresiva y acorde con la realidad de la pesca artesanal.
Igualmente, se pondrá especial atención en la implementación de la Política Común de Pesca, para lo que ya se ha comenzado la elaboración del Programa Operativo y se avanzará en el reglamento de control, fundamental para la lucha contra la pesca ilegal.
Se revisará la ley de Pesca Marítima del Estado para una mejor aplicación de la Política Pesquera Común y el impulso de diferentes proyectos de ley que van a constituir una completa apuesta institucional y normativa para lograr que el sector de la pesca y la acuicultura sea cada vez más sostenible y competitivo.
Todas estas iniciativas se plasmarán en un paquete legislativo, que incluirá tres instrumentos normativos: el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, el proyecto de ley de modernización del control e inspección y del régimen sancionador y el proyecto de ley de digitalización, ordenación y comercialización
Planas ha puesto en valor al sector acuícola y al que “seguiremos apoyando”, a través de un cuarto proyecto de ley que permitirá la adecuación de la acuicultura española a las directrices de la Unión Europea. El ministro también se ha referido a los 50 millones de euros con los que contará el sector pesquero y acuícola establecidas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para hacer frente a las dificultades originadas por la crisis sanitaria.
Respecto al brexit, ha asegurado que defenderá con firmeza al sector en las negociaciones que se están celebrando para conseguir un acuerdo pesquero bilateral de la UE con Reino Unido y lograr mantener el acceso mutuo a las aguas de ambas Partes, así como a los recursos pesqueros de acuerdo a los intereses legítimos del sector.
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