Pequeñas empresas de alimentación se oponen a la reducción de jornada laboral aprobada por el Gobierno

Ante la aprobación de la jornada semanal máxima de 37,5 horas por parte del Gobierno de España, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) y la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), han emitido un comunicado en el manifiestan su “total oposición a la aprobación de esta medida”.

En concreto, recuerdan que “los panaderos, pasteleros, carniceros y pescaderos artesanos y tradicionales representados por nuestras organizaciones nacionales agrupan en España a más 42.000 micro, pequeñas y medianas empresas de elaboración, que dan empleo a más de 180.000 personas, siendo la mayoría de ellas establecimientos familiares de empresarios autónomos” y señalan que “nuestros establecimientos están enraizados en la práctica totalidad de los pueblos y ciudades de nuestro territorio, contribuyendo a la economía circular y al comercio de proximidad, garantizando una baja huella de carbono”.

Asimismo, señalan que en los últimos años estas empresas han realizado un enorme esfuerzo inversor y de recursos humanos para adaptar sus procesos y servicios y así garantizar a los consumidores unos productos cada día más saludables, sostenibles y de mayor calidad. “Todo ello en un marco fuertemente competitivo frente a la industria, los supermercados, las tiendas de conveniencia y las franquicias, así como en un entorno legislativo cada vez más exigente”.

Además, recuerdan que “recientemente la pandemia y los incrementos descontrolados de los costes de todo tipo -energéticos, de materias primas, de envases, de distribución, de alquileres, etc.- debido a las coyunturas internacionales, han provocado ya el cierre de muchas de nuestras empresas”.

“En esta situación, la reducción de la jornada en actividades de este tamaño supondrá una gran dificultad añadida para su supervivencia y una barrera más para su competitividad, poniendo en grave riesgo la viabilidad futura de muchas más de ellas, con el consiguiente e irreparable daño económico, social y de patrimonio gastronómico”, destacan y añaden que “además, nuestras Asociaciones y Gremios negocian desde hace más de 50 años los Convenios Colectivos en sus respectivos ámbitos territoriales, en los que se pactan las condiciones más favorables para las empresas y trabajadores, en función del profundo conocimiento de los sectores que tienen las partes negociadoras en su correspondiente circunscripción”.