Las empresas de retail han asegurado que se sienten “totalmente desprotegidas y desamparadas ante la supuesta normativa de ayuda al sector, que solo va dirigida a pymes y autónomos y deja fuera a la mayoría de las compañías de comercio, restauración y servicios organizados, que tienen más de 250 trabajadores en plantilla”.
Además, recuerdan que para poder optar a esta ayuda, la normativa exige que la actividad del local haya estado suspendida o que se haya reducido la actividad en un 75% con relación al mismo mes del año anterior, dejando fuera a empresas (de nuevo solo pymes y autónomos) que hayan facturado por ejemplo un 70% menos. “Esta nueva normativa sobre la renta de los locales comerciales lejos de compensar el cierre y las restricciones de actividad del sector solo beneficia a los grandes tenedores (propietarios de más 10 de inmuebles o superficie alquilada superior a 1500 metros cuadrados)”, aseguran.
El sector muestra su indignación ante una normativa que, en lugar de inyectar ayudas directas, “se reduce a sentar las bases para un pacto entre las partes (arrendador y arrendatario) otorgando ventajas a los grandes tenedores y dejando a su arbitrio poder escoger la opción de pago del arrendatario: reducción de la renta al 50% hasta cuatro meses después de finalizar el estado de alarma o pagar íntegramente la renta pero aplazar su devengo de forma que se empiece a pagar una vez finalizado el plazo de cuatro meses después de acabar el estado de alarma y durante un máximo de 2 años”.
En el caso de centros comerciales, además, los gastos de comunidad o de mantenimiento se tienen que seguir pagando normalmente y no quedan afectados por la nueva norma.
Por todo ello, Comertia, Amicca y Eurelia piden al gobierno que en la normativa se aplique el 50% de reducción de las rentas para todas aquellas empresas que tienen alquilado un establecimiento a grandes tenedores, como se ha aplicado por RDL 34/2020 en Cataluña, de la cual pueden beneficiarse todos aquellos puntos de venta que han permanecido cerrados durante la pandemia.
Dada la actual situación de incerteza e inestabilidad, las tres entidades consideran que la medida más equitativa sería aquella que permitiera ajustar un alquiler variable en función de las ventas, han añadido.
Dice el artículo: “…o pagar íntegramente la renta pero aplazar su devengo de forma que se empiece a pagar una vez finalizado el plazo de cuatro meses después de acabar el estado de alarma y durante un máximo de 2 años…”
No está bien dicho. El devengo no se aplaza. Lo que se aplaza es el pago. El devengo de renta continúa normalmente según establece el contrato y sólo se difiere el momento en el que el pago de aquélla es exigible.
Y otra cosa: que a nadie se le olvide que la inmensa mayoría de los arrendadores, sean grandes tenedores o no, han llegado ya a acuerdos con sus arrendatarios para ajustar las rentas a la situación actual. El RD va muy por detrás de la realidad del mercado