La Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) ha señalado que ha registrado un aumentado el fraude con los fondos agrícolas comunitarios, según su informe anual, que analiza las tendencias registrada en 2018.
En concreto, el pasado año esta organización cerró 167 investigaciones y recomendó a instituciones y Estados miembros recuperar 371 millones de euros para el presupuesto comunitario. Se trata de dinero que no llegó a las arcas europeas por el fraude o que no se desembolsará tras detectar irregularidades en los proyectos receptores.
La OLAF investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la UE, ya sea corrupción, contrabando, malversación o blanqueo de dinero, entre otros, que cada vez más implican a varios países.
De las 414 investigaciones que permanecían abiertas al final de 2018 (219 abiertas ese año), la mayor parte afectan a los fondos estructurales (85), mientras que 65 tienen que ver con el personal comunitario, 44 con la ayuda al exterior, 43 con aduanas y 33 a los fondos agrícolas, entre otros.
Respecto a estos últimos, la OLAF destaca que ha encontrado un mayor número de casos de fraude ligados a las ayudas a la agricultura, en particular en las destinadas a promocionar productos europeos. También ha investigado casos de “falsos granjeros”, en los que los defraudadores solicitaban ayudas a nombre de personas fallecidas, o de “rebaños fantasma“, en los que se pedían ayudas para animales que no existían. Otro tipo de fraude es el llamado “agro-pirata” en el que se solicitan fondos para tierras que ni siquiera pertenecen al solicitante.
España, entre los que más irregularidades detecta
Los Estados miembros detectaron 50.153 irregularidades en el uso de fondos estructurales y agrícolas, ya fuese por fraude u otros motivos, entre 2014 y 2018. España fue el país que más casos remitió a las autoridades europeas, con 10.995, pero esto no significa que sea el país dónde más irregularidades hubo, sino que es muy activo al detectarlas.
Los Estados detectaron además 25.699 irregularidades ligadas a los recursos propios del presupuesto, con España como el quinto país que más casos remitió después de Alemania, el Reino Unido, Holanda y Francia.
