La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, Fepex, ha alertado este jueves ante la Comisión de Agricultura del Congreso, que la Ley de la Cadena Alimentaria puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas, destacando, además, la dificultad para concretar algunos puntos claves de esta Ley, como determinar el coste efectivo de producción y en consecuencia el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor, ya que en un sector caracterizado por la volatilidad de los precios, éstos pueden variar entre 162 y 28 céntimos por kilogramo en una campaña, como ha sido el caso del tomate en 2020, según datos de la Comisión Europea.
En el marco de las comparecencias convocadas por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo del inicio de la tramitación del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el director de Fepex, Jose María Pozancos ha explicado que comparte los objetivos de la Ley y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero considera que “la exigencia de que todas las producciones, independientemente de su competitividad o de la situación de los mercados tengan un precio igual a su coste de producción, provocará que una parte importante de la producción no pueda acceder al mercado, lo que favorece a la competencia de terceros países y comunitaria”.
“La obligación de que el precio pactado cubra el coste efectivo de producción, cuando los costes de producción en España sean superiores a los de la competencia, por pérdida de competitividad o en situaciones de crisis de mercado consecuencia de desequilibrios de oferta y demanda, provoca que el productor no pueda comercializar su producción a ningún precio por debajo de su coste efectivo de producción, porque constituye una infracción grave, debiendo asumir un daño muy superior al bien que se pretende proteger”, ha añadido.
El director de Fepex ha explicado también que, en el sector español de frutas y hortalizas, la exportación representa el 65% de la facturación, por tanto, las condiciones de competencia en los mercados exteriores son decisivas y estas condiciones están llevando a un incremento continuo y constante de las importaciones. En 2019, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas superaron los 3,5 millones de toneladas, con un crecimiento del 35% en los últimos cinco años, destacando el caso de Marruecos, con un 81% más. Con relación a este país, la evolución de la importación española es especialmente grave en productos con el mismo calendario de producción, como tomate, sandía o frambuesa, con crecimientos del 138%, 132% y 381%, respectivamente, con un fuerte impacto sobre los precios en España, ha asegurado Pozancos.
“En este sentido, la Ley no contempla las situaciones creadas en unos mercados globalizados, no pudiendo resolver dos graves problemas: la pérdida creciente de competitividad en unos mercados globalizados, con unos precios que no se pueden predecir cuándo se planifica la producción y la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda”, ha explicado.
Fepex ha planteado también la dificultad de concretar algunos puntos clave de la Ley como determinar el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. La volatilidad de los mercados provoca que la horquilla de precios, por ejemplo, de tomate redondo, llegue al 300% en una misma campaña. Así, según el seguimiento semanal de la Comisión Europea, los precios del tomate redondo en 2020 han variado entre 162 y 28 céntimos/kilogramo en el caso de Países Bajos, y entre 125 y 49 céntimos/kilogramo en el caso de España, estando el resultado económico determinado por el precio medio percibido, en una campaña de recolección, que se puede extender tres, seis o nueve meses, dependiendo del nivel tecnológico de las explotaciones. Por ello, se ha planteado que el precio relevante, para asegurar en la medida de lo posible la sostenibilidad económica de las explotaciones, sea el precio medio de la campaña, ha reclamado Pozancos.
