La asociación Frozen España, que aglutina más de 200 empresas del sector del congelado, ha reclamado al gobierno la adopción de medidas urgentes de choque que ayuden a paliar el impacto de la declaración del estado de alarma y la paralización empresarial que ha supuesto esta medida. “La preocupación generalizada de los empresarios, distribuidores y fabricantes del congelado, viene a coincidir en la falta de adopción de medidas de choque que alivien la tensión de tesorería y la falta de ingresos que está provocando esta crisis generada por el Covid-19”, señala esta entidad.
En concreto, Frozen España afirma que el sector de la distribución y fabricación de alimentos congelados y ultracongelados “se ha visto especialmente afectado por el decreto del estado de alarma en tanto en cuanto ordena el cierre inmediato de establecimientos de comercio minorista de hostelería así como instituciones educativas (y sus comedores), aglutinando casi la totalidad de la cartera de clientes, que “hasta nuevo aviso” suspenden su actividad”.
Los empresarios “temen no poder hacer frente a la avalancha de impagos a proveedores, de clientes o incluso a sus propios empleados”. Asimismo, “ni siquiera pueden asegurar el cumplimiento de los plazos previstos para los expedientes de regulación temporal de empleo”.
Por ello, esta asociación empresarial solicita al Gobierno, como así lo vienen haciendo otras asociaciones de empresarios, la adopción de las siguientes medidas de calado público y privado: suspensión de las obligaciones de pago a la Administración, incluidos impuestos, cotizaciones sociales, así como las tasas de los autónomos que individualmente ejercen esta profesión, todo ello con la finalidad de minimizar el impacto de la paralización empresarial de comercios de hostelería y educativos que afecta de lleno a la actividad de distribuidores y fabricantes; bonificación de las facturas de suministros hasta que no se levante la situación de Estado de Alarma; suspensión de pagos de pólizas mercantiles, de créditos o préstamos destinados a la financiación de la actividad empresarial hasta que no se levante la situación de Estado de Alarma; y establecimiento de un procedimiento ágil y rápido que flexibilice los requisitos de los ERTEs, para mantener los ingresos de las familias españolas y frenar el nefasto impacto de esta crisis en todo el tejido empresarial. Y que urja a las Autoridades Laborales a la declaración de la situación como de fuerza mayor.
