El cooperativismo agroalimentario integra a más de 1,19 millones de personas socias, genera 119.178 empleos directos y alcanza una facturación global de 44.770 millones de euros, incluyendo las sociedades participadas, según se ha destacado este jueves durante la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
El presidente Ángel Villafranca destacó también la evolución positiva del modelo cooperativo, cuya facturación ha crecido un 97% desde 2006 y cuyo empleo directo se ha incrementado un 25% en ese mismo periodo, consolidando a las cooperativas como motores económicos esenciales en el medio rural.
Durante la Asamblea se ha reelegidos por unanimidad Villafranca como presidente de la organización para los próximos cuatro años, renovando así la confianza del cooperativismo agroalimentario español en un proyecto que seguirá impulsando la competitividad, la integración cooperativa y el desarrollo sostenible del medio rural. Junto a Villafranca formarán parte de la presidencia Fulgencio Torres (Andalucía), como vicepresidente primero; Cirilo Arnandis (Valencia), vicepresidente segundo; Esther Burgui (Navarra), secretaria; y Santiago Martínez (Murcia), vicesecretario.
En su intervención ante la Asamblea, Ángel Villafranca agradeció el respaldo recibido y destacó que “las cooperativas agroalimentarias siguen siendo y serán la mejor herramienta para defender la rentabilidad de agricultores y ganaderos, generar valor añadido y garantizar el futuro de nuestros pueblos”. Asimismo, subrayó que el cooperativismo “ha demostrado históricamente su capacidad de adaptación, integración y visión de futuro, incluso en contextos de enorme incertidumbre y transformación”.
Villafranca puso en valor la fortaleza de un modelo empresarial que continúa creciendo y consolidándose como pieza clave de la economía agroalimentaria española.
Durante su discurso, Villafranca insistió en que el sector agroalimentario afronta una profunda transformación marcada por la geopolítica, la volatilidad de los mercados, el relevo generacional, la escasez de mano de obra y el impacto del cambio climático. En este sentido, reclamó políticas “con visión de largo plazo” que permitan mantener y mejorar la actividad productiva, favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres y asegurar la competitividad de las explotaciones agrarias.
La Asamblea también sirvió para poner en valor el compromiso de las cooperativas con la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Villafranca destacó igualmente el papel de las cooperativas en la transformación digital del sector y reivindicó el esfuerzo realizado para impulsar el cuaderno de campo cooperativo y la modernización de los servicios técnicos. “Nuestro objetivo no es vender un programa informático, sino captar el valor de los datos y de la digitalización para nuestros productores y sus cooperativas”, señaló. Actualmente, más de 250 cooperativas participan en este proyecto y más de 500 profesionales han sido formados en herramientas digitales aplicadas al sector agroalimentario.
Asimismo, Villafranca defendió el papel de las cooperativas en la cohesión territorial y en la estabilidad de la cadena alimentaria europea, reclamando una Política Agraria Común fuerte, con presupuesto suficiente y orientada a reforzar las inversiones, la integración y la capacidad productiva del sector. “Europa necesita más cooperación, más visión de cadena y más apoyo a quienes garantizan la producción de alimentos”, afirmó.
En relación con el agua, reiteró la necesidad de impulsar una política hídrica nacional que garantice inversiones, eficiencia y equilibrio territorial. “Sin agua no hay producción ni futuro para buena parte de nuestras zonas rurales”, señaló.
El cooperativismo agroalimentario español está formado por 3.669 cooperativas, presentes en todos los territorios y sectores productivos, y constituye una de las principales estructuras empresariales del medio rural español. Su actividad resulta clave para mantener empleo, población, innovación y valor añadido en las zonas rurales, contribuyendo de forma decisiva a la sostenibilidad económica, social y territorial del país.
