El Consejo de la UE ha acordado este martes su posición de negociación (enfoque general) sobre el paquete de reformas de la política agrícola común (PAC) posterior a 2020. Esta posición acordada presenta algunos compromisos firmes de los estados miembros para una mayor ambición ambiental con instrumentos como eco-esquemas obligatorios (una novedad en comparación con la política actual) y una condicionalidad mejorada.
Al mismo tiempo, la posición acordada permite a los Estados miembros tener la flexibilidad necesaria sobre cómo alcanzar los objetivos ambientales. Por ejemplo, habría una fase piloto de dos años para eco-esquemas y los estados miembros disfrutarían de flexibilidad sobre cómo asignar fondos bajo diferentes prácticas verdes.
Un enfoque general significa que el Consejo tiene ahora el mandato político de iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, una vez que el colegislador también acuerde su posición interna, con vistas a alcanzar un acuerdo global.
“El acuerdo de este martes es un hito para la política agrícola europea. Los Estados miembros demostraron su ambición de lograr normas medioambientales más estrictas en la agricultura y, al mismo tiempo, apoyaron la flexibilidad necesaria para garantizar la competitividad de los agricultores. Este acuerdo cumple la aspiración de una PAC más ecológica, justa y sencilla”, ha asegurado Julia Klöckner, Ministra Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania.
La reforma de la PAC prevé que, si bien se dará más flexibilidad a los Estados miembros en la elaboración de normas y asignaciones de fondos mediante el desarrollo de planes estratégicos nacionales, se verán obligados a demostrar una mayor ambición medioambiental en comparación con el período actual. El llamado «nuevo modelo de ejecución» favorecería el desempeño sobre el cumplimiento: permitiría a los países elegir las mejores herramientas y acciones a su disposición (y también teniendo en cuenta las especificidades nacionales) para alcanzar los objetivos y estándares acordados en la UE.
Algunos ejemplos concretos de estados miembros que cumplirán con estándares ambientales más altos, que fueron debatidos y acordados durante los dos días del Consejo, incluyen:
-Los agricultores recibirían ayuda financiera con la condición de que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, para que la PAC sea aún más ecológica que antes.
-Los agricultores que vayan más allá de los requisitos ambientales y climáticos básicos obtendrán apoyo financiero adicional mediante la introducción de «planes ecológicos». Estos nuevos instrumentos para la protección del medio ambiente y el clima estarían vinculados a un presupuesto específico, que formaría parte del presupuesto de pagos directos. Estaría delimitado al 20%, lo que significa que se desbloquearían mediante el uso de planes ecológicos. Una fase piloto inicial de dos años garantizaría que los Estados miembros no pierdan los fondos que tanto necesitan mientras se familiarizan con los nuevos instrumentos. Los ejemplos indicativos de eco-esquemas incluyen prácticas como la agricultura de precisión, la agrosilvicultura y la agricultura orgánica, pero los estados miembros serían libres de diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades.
–Todos los agricultores estarían sujetos a normas medioambientales más estrictas; incluso los más pequeños. Para ayudarlos en esta transición ecológica, los pequeños agricultores estarían sujetos a controles más simplificados, lo que reduciría la carga administrativa y garantizaría su contribución a los objetivos ambientales y climáticos.
Planas, satisfecho con el acuerdo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción por el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, que “supone un progreso, refuerza el nivel de ambición medioambiental y aporta seguridad a agricultores y ganaderos”. Luis Planas ha valorado así el texto de consenso alcanzado y ha enfatizado que se corresponde “exactamente” con lo que España había pedido.
Tras más de dos años y medio de negociaciones y cinco presidencias, el ministro ha valorado el trabajo de la presidencia alemana de este semestre para lograr esta posición de consenso de los Estados miembros y que concita los intereses defendidos por España. El ministro ha remarcado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de 2023. Habrá un periodo transitorio, 2021 y 2022, durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.274 millones de euros, si bien con las reglas de la anterior PAC.
El ministro ha asegurado que la clave de este acuerdo es el equilibrio entre la sostenibilidad de agricultores y ganaderos, a través de la ayuda básica a la renta, y la nueva arquitectura verde de la PAC, que se promoverá con los llamados ecoesquemas (ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medioambiente).
En concreto, con el acuerdo adoptado, España podrá destinar el 60% del presupuesto de pagos directos a la ayuda básica a la renta. El ministro ha incidido en que “podremos garantizar la estabilidad de las rentas de los agricultores al nivel que habíamos previsto, de acuerdo con el análisis de necesidades elaborado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con las autonomías y las organizaciones agrarias y medioambientales. Además, garantizamos certidumbre para agricultores y ganaderos hasta 2027. Esta ayuda pasará a integrar los elementos del pago verde actual, configurando el modelo de condicionalidad reforzada, de manera que agricultores y ganaderos recibirán la ayuda básica a la renta, cumpliendo estrictos requisitos y buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente”.
El 20% de las ayudas directas se destinará a los ecoesquemas, que se aplicarán en 2023, con la entrada en vigor de la nueva PAC. En los dos primeros años, denominados “de aprendizaje”, los fondos que no se utilicen podrán destinarse a otras intervenciones, particularmente a la ayuda básica a la renta. Habrá la flexibilidad necesaria para que los Estados diseñen sus propios ecoesquemas en función de sus necesidades. Así se avanzará a la transformación medioambiental agraria para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos propuestos.