El Pleno del Congreso aprobó ayer la Ley de la Cadena Alimentaria, que implica novedades como la prohibición de la venta a pérdidas. Se trata de un proyecto que afecta tanto a la producción como a la distribución de los alimentos y que busca facilitar ayudas a los agricultores, entre otras cosas.
La Cámara Baja ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha incorporado parcialmente las enmiendas presentadas por el Senado al texto.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la define como “probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura”. Con ella, el Gobierno busca dar respuesta a “la primera reivindicación” planteada por las organizaciones profesionales agrarias.
Una de las medidas más destacadas propuestas por esta Ley de Cadena Alimentaria es que prohíbe la venta a pérdida. También la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que mantiene el nivel de ayudas del período anterior, con un presupuesto de 47.724 millones de euros hasta 2027.
Hay que recalcar otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, como el plan de seguros agrarios, con una dotación de 256,7 millones de euros para el año 2022, y las ayudas al fomento del asociacionismo y al plan Renove de maquinaria agrícola.
Luis Planas insiste en que el Gobierno mantiene un diálogo y un trabajo de colaboración permanente con el sector para buscar soluciones a problemas como el encarecimiento de los costes de producción, que responde a una coyuntura internacional.
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