Las Organizaciones Territoriales agrupadas en ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, se reúnen esta semana con eurodiputados españoles de todos los grupos parlamentarios para reivindicar políticas de fomento de la competitividad desde una “visión de país”, que tenga en cuenta a los sectores económicos.
Los representantes de organizaciones de nueve comunidades autónomas -Castilla La Mancha, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Islas Canarias, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña- han pedido a los eurodiputados que defiendan el sector de la distribución alimentaria por su importancia para la competitividad, la sostenibilidad, la innovación y la formación del talento en la Unión Europea.
En el inicio de una legislatura europea crucial para el futuro de la economía de la UE, con el gran objetivo recogido en el Informe Draghi de recuperar la competitividad y de hacerlo bajo la sombra del pacto verde, el sector de la distribución alimentaria es estratégico. Asedas ha trasladado a los eurodiputados “que la ambición de crear sistemas alimentarios sostenibles pasa por el diálogo estratégico entre el conjunto de eslabones de la cadena y entre los legisladores”. En este sentido, las movilizaciones agrarias que tuvieron lugar a principios de año estuvieron focalizadas en la necesidad de legislar menos y mejor. Una reflexión compartida por el sector de la distribución alimentaria, cuyas organizaciones piden normas que garanticen seguridad jurídica, estabilidad y crecimiento y que pongan en valor nuestro modelo de distribución de proximidad.
Uno de los desafíos más inmediatos que el comercio europeo tiene por delante es trasladar al legislador comunitario los problemas que plantea el borrador del Reglamento contra la Morosidad –conocido como el Reglamento de Plazos de Pago-. Éste propone la limitación de los plazos de pago a 30 días y la supresión de la libertad para negociar condiciones; libertad que beneficia a empresas de todos los tamaños y fomentan la competencia.
Además, entre las tareas legislativas que deberán asumir los nuevos eurodiputados destacan, por su alto coste económico y estructural, el amplio paquete medioambiental, la normativa sobre diligencia debida y las obligaciones de reporte de información no financiera. Estos incluyen medidas relativas a deforestación, trabajos forzosos y eficiencia energética, entre otros, para cuyo desarrollo realista es necesario contar con las empresas.
En este contexto, el grupo de organizaciones españolas de distribución alimentaria ha instado a los eurodiputados a tener en cuenta las recomendaciones del dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado “La competitividad de las empresas y la economía de la UE ante el Pacto Verde Europeo”, aprobado la semana pasada, donde se recoge: “si no se garantiza la capacidad de las empresas para realizar esta transición y sacarle provecho, simplemente no será viable”. La posibilidad para aplicar las medidas depende de establecer plazos de cumplimiento razonables y gravámenes asumibles que no pongan en riesgo la viabilidad empresarial ni la capacidad de compra de los consumidores. Por ello, la distribución alimentaria española demanda más seguridad jurídica, métodos de rendición de cuentas coherentes, enfoque colaborativo y flexibilidad.
“El Pacto Verde es el proyecto emblemático de la última Comisión. Los nuevos eurodiputados tienen el reto de cumplir sus objetivos medioambientales y de proteger, al mismo tiempo, la competitividad de las empresas. La distribución alimentaria tiene mucho que decir desde su función estratégica de llevar alimentos seguros, variados y a precios competitivos muy cerca de las casas de todos los consumidores. Por ello, las organizaciones de supermercados de toda España hemos pedido aquí, en Bruselas, a los eurodiputados que defiendan a este sector esencial desde una visión de país y de cadena”, dijo Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas y ponente del dictamen sobre competitividad como consejero del CESE.
