La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha realizado en el primer semestre del año un total de 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido nueve denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones. El 45% de estas sanciones están motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta en el sector mayorista y en el sector de la industria.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha resaltado durante la presentación de este informe en la reunión del Consejo Asesor que la labor que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario “garantiza unas relaciones comerciales equilibradas, justas y transparentes dentro del sector agroalimentario”.
En concreto, el sector de frutas y hortalizas es en el que más inspecciones se han realizado entre enero y junio (135), seguido del cárnico (132), el lácteo (61), la miel (23), el vino (2) y el aceite de oliva (1). Desde su creación, en el año 2014, la AICA se ha consolidado como referente en las labores de inspección y control de la cadena alimentaria.
Como resultado de los subprogramas de control, la agencia ha inspeccionado en el primer semestre del año 697 relaciones comerciales, principalmente sobre frutas y hortalizas (283), cárnico (184), lácteo (183), miel (44), vino (2) y aceite de oliva (1). Además, ha llevado a cabo 2.264 actuaciones encaminadas a comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la ley. En concreto, ha realizado 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido en el sector de frutas y hortalizas (47 %), en el sector de pollo vivo (43 %), el de leche cruda de vaca, oveja y cabra (5 %); y el de la carne de vacuno (3 %). Y ha efectuado 1.442 sobre prácticas abusivas comerciales.
En este sentido, Fernando Miranda ha asegurado que la adecuada aplicación de la nueva ley de la cadena es el mejor activo para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios tras la invasión de Ucrania con el aumento de los precios de las materias primas, los combustibles e insumos. A esto hay que unir las inclemencias climáticas y la situación de sequía que afectan a las cosechas y a la alimentación del ganado.
El secretario general de Agricultura ha puesto de manifiesto “la necesidad de garantizar unas retribuciones dignas que permitan mantener las explotaciones y su rentabilidad para asegurar la disponibilidad de alimentos en estas situaciones extremas, donde el control de las materias primas y alimentos se ha convertido en un arma potente, peligrosa y desestabilizadora”, y ha añadido que, “en este contexto, es necesaria la unión, la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo compartido entre todos los operadores de la cadena para afrontar los retos y avanzar rápidamente en la efectividad de esta ley”.
6.142 inspecciones desde 2014
En el primer semestre del año 2022, la AICA ha investigado nueve denuncias por presuntos incumplimientos a la Ley de la Cadena: frutas y hortalizas (4), lácteo (2), vitivinícola (1), aceite de oliva (1) y aceituna de mesa (1).
En global, desde su entrada en funcionamiento en el año 2014, la AICA ha realizado 6.142 inspecciones, que han motivado la imposición de 3.149 sanciones por un montante de más de 13,6 millones de euros. La mayor parte recae en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de euros. Hasta la fecha de elaboración de este informe se ha pagado el 87% de los importes totales de las sanciones impuestas (11,8 millones de euros).
Tras la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena, el 16 de diciembre del año 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en el desarrollo de esta norma. Ya se creado el Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución en coordinación con las comunidades autónomas, que garantiza la aplicación y el control de la ley en todos los territorios de manera uniforme y multiplica la actividad de inspección.
Además, están en tramitación los reales decretos por los que se desarrolla el registro de contratos alimentarios y se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios. La nueva ley ha establecido la obligación de crear un registro digital en el que se deben inscribir los contratos alimentarios por valor superior a 1.000 euros que se suscriban con los productores primarios y sus asociaciones, así como sus modificaciones, antes de la entrega del producto.
