Una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin considerar los convenios pactados, impondría un coste económico significativo para las empresas de distribución asociadas a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Según recientes estudios, esta medida generaría un coste adicional de 461 millones de euros, elevando los costes laborales en un 5,8% debido a la pérdida de más de 24,2 millones de horas de trabajo anuales.
El impacto no se limita solo a las grandes empresas. Para el conjunto del comercio minorista, la reducción de la jornada laboral podría suponer un coste total de 2.888 millones de euros. Yolanda Fernández, economista jefe de ANGED, advierte que las empresas asociadas a ANGED, que representan el 12,3% del empleo total del comercio, asumirían el 16% de este coste total. Esto se debe a que casi toda su plantilla está conformada por asalariados, a diferencia del conjunto del comercio donde un 25% son autónomos que no se verán afectados por esta medida.
La medida podría exacerbar la brecha de productividad entre grandes y pequeñas empresas. «La productividad en las grandes empresas del sector es un 21% superior a la media del comercio minorista. Esta diferencia podría aumentar con la reducción de la jornada laboral, ya que las pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad para anticipar y flexibilizar los turnos de personal», explicó Fernández. En el sector, un 97% de las empresas tiene menos de 10 empleados y solo el 0,25% tiene más de 50 empleados.
La imposición de una reducción de la jornada laboral sin el consenso del diálogo social altera las dinámicas establecidas en varios sectores. En particular, en el comercio, donde a través de la negociación colectiva se han encontrado fórmulas que permiten la conciliación profesional y familiar sin pérdida de productividad. En 2023, el convenio colectivo de grandes almacenes fue acordado con el 98% de apoyo de las organizaciones sindicales (Fetico, Valorian, CCOO y UGT), estableciendo una jornada de 1.770 horas anuales a cambio de significativos aumentos salariales del 17% durante el periodo de vigencia y varias medidas de conciliación.
Las fórmulas acordadas en los convenios colectivos permiten anualizar la jornada y ofrecen a las empresas mecanismos de flexibilidad para que las reducciones efectivas de la jornada laboral se realicen durante los momentos de menor actividad, manteniendo así la productividad. En sectores como el comercio, donde la presencia física en las tiendas es crucial, se requieren soluciones flexibles para adecuar la organización del trabajo a los ciclos de mayor afluencia de clientes.
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